Las declaraciones juradas de bienes presentadas por funcionarios y exfuncionarios han dado mucho que hablar, en unos casos por el alto y en otro por el bajo patrimonio presentado. La alarma ha provocado explicaciones, pero no satisfacciones.

Pero errores que se han cometido con las declaraciones, que luego han sido aclarados, tornan más importante la investigación que se ha solicitado y establecida por la propia ley para que se transparenten los patrimonios. Hay fortunas de las que no se conoce el proceso de acumulación y estilos de vida que no se corresponden con los ingresos de declarantes.

Los casos del alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y de la exsenadora de Dajabón, Sonia Mateo, todavía generaran interrogantes. Paniagua, del PRM y quien según él por error presentó bienes por 1,079,164,315 millones de pesos distribuidos en solares, camiones y otros activos, cuando su capital apenas alcanza los 10 millones de pesos. Sus bienes son un apartamento y una yipeta.

La exsenadora del PLD presentó en una primera declaración de bienes por más de tres mil millones de pesos, pero luego aclaró que se trató de un error pues su capital es de solo 18.1 millones de pesos, distribuidos en una casa de 15 millones y electrodomésticos por 3.1 millones. La ley, que persigue determinar el enriquecimiento ilícito, no puede limitarse a la simple presentación de la declaración de patrimonio.

La Cámara de Cuentas tiene que establecer la procedencia de ese patrimonio, al menos si se quiere avanzar en la lucha contra una corrupción que tanto ha lastrado el desarrollo de la nación.