Para desconsuelo de muchos, la 18ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, Suiza, no ha operado como patíbulo donde se cercenaría a República Dominicana como nación que promueve apatridia y xenofobia. Por el contrario, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al país por reanudar el diálogo con Haití.

Después de las declaraciones injerencistas de Amnistía Internacional, que exigió al Gobierno dominicano desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional, no pocos insensatos albergaron la esperanza de que también en Ginebra se intentara lapidar al gentilicio nacional, como se pretendió en Trinidad y Tobago, Venezuela, Panamá, La Habana y Washington.

La delegación que representó al país en ese foro sobre derechos humanos presentó un informe en el que se resalta que el Gobierno ha prometido dar prioridad al otorgamiento de visas a inmigrantes irregulares que trabajan o estudian en territorio nacional. Se señala también que las autoridades trabajan en la regularización de más de 24 mil extranjeros que no fueron declarados con documentos válidos.
Al reiterar que la sentencia del Tribunal Constitucional no despoja de nacionalidad a descendientes de indocumentados haitianos, la delegación dominicana aseguró que una ley especial resolverá la situación de irregularidad en que se encuentran esas personas y sus descendientes, lo que tira por la borda la infeliz aseveración de que 250 mil personas de ascendencia haitiana serían despojadas de su nacionalidad.

En vez de condenar a República Dominicana por supuestas prácticas racistas o discriminatorias contra inmigrantes haitianos, el secretario general de la ONU saluda la voluntad dialogante del Gobierno y pone a disposición recursos técnicos y financieros de ese organismo para impulsar las conversaciones domínico haitianas.
Llama la atención que los comisionados dominicanos pudieron responder o comentar unas 74 recomendaciones sobre medidas para consolidar derechos humanos a favor de niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes, que las autoridades prometieron encaminar desde el año 2009.

Líderes y dirigentes políticos, académicos, empresariales, religiosos, laborales y mediáticos parecen acostumbrados a procurar que las soluciones a diversos problemas que confronta la nación, incluidos los referidos a migración y derechos humanos, lleguen en envoltura o con recetas foráneas, sin poder entender que la democracia dominicana tendrá algún día que valerse por sus propios atributos.

Los mercaderes de la intensa y cruenta campaña de descrédito contra República Dominicana sufrirán otro fracaso en Ginebra, Suiza, como antes lo padecieron en las cumbres de Petrocaribe, Iberoamericana y de Naciones Latinoamericanas y del Caribe (Celac), porque la verdad ha comenzado a resplandecer como sol de mediodía.