El cronograma de organización y montaje de las elecciones convocadas para el 15 de mayo marcha según lo previsto, sin retraso de ninguna especie, y con la expresa disponibilidad de la Junta Central Electoral (JCE) de afrontar cualquier eventualidad técnica o logística, apegada a la ley y al consenso entre los partidos.

No resulta saludable para el proceso comicial ni para la democracia que intereses internos o externos intenten imponerle al tribunal electoral una improvisada agenda que se convierta en camisa de fuerza o que perturbe lo que hasta ahora ha sido un proceso modélico.

La Ley Electoral establece que la organización, vigilancia y realización de los procesos electorales estará a cargo de la JCE, Juntas Municipales y Colegios Electorales, por lo que ningún órgano extranacional o institución local puede atribuirse esas facultades.

Es claro que el conteo de los votos manual o electrónico debe estar a cargo de los entes que expresamente señala la ley y en los establecimientos establecidos en esos estatutos, con lo que queda claro que la observación o acompañamiento electoral no suplanta las atribuciones del tribunal comicial.

La Junta Central Electoral ha cursado invitación o aceptado pedido de observación electoral a diversas instituciones nacionales y extranjeras, incluidos la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur) y el Centro Carter, todas las cuales cumplirán su misión sin incurrir en intervención o suplantación.

República Dominicana ha celebrado al menos cinco elecciones presidenciales sin mayores inconvenientes, en todas las cuales se ha respetado y garantizado la voluntad de los votantes, conforme a los informes que en cada ocasión rindieron las misiones de observadores.

Para los comicios de mayo 15 no afloran dificultades relevantes que no puedan ser subsanadas por el pleno de jueces de la JCE junto a los delegados de los partidos, incluido la aparente desavenencia sobre el conteo manual de un 10 a un 15 por ciento de los votos emitidos.

Lo que debe estar más claro que el sol de mediodía es que ningún gobierno o poder extranjero tiene autoridad para contar votos ni establecer forma o manejo del proceso electoral, prerrogativas que la ley pone en manos de la JCE, que ha realizado su trabajo de manera admirable.