La defensa de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y del renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, solicitó al procurador general de la República Francisco Domínguez Brito, realizar una experticia caligráfica a la firma del recibo donde figura la devolución de 350 mil pesos por parte de la magistrada.
Los abogados Tomás Castro y Carlos Balcácer pidieron que la experticia sea realizada por el Departamento de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el analista privado de rasgos caligráficos Mario Alberto Grillo Villa.
La proposición de diligencia fue hecha mediante instancia depositada ayer por separado donde plantean que sea tramitado el original del recibo al Departamento de Criminología de la UASD y que a su juicio ese documento está cuestionado y que con él se ha violado la cadena de custodia.
Piden, además, que el renunciante juez Arias Valera comparezca al lugar en la hora y la fecha indicadas a los fines de utilizar el mismo patrón caligráfico de comparación vinculando con la consistencia gráfica del alegado firmante.
Dijeron que con ese experticio se analizará la veracidad del recibió y cual deberá determinar si Reyes Beltré y Arias Valera, firmaron.
Dijeron que ven con preocupación la actitud asumida por Participación Ciudadana de que recibieron algunas informaciones a título de confidencia, sin embargo salieron públicamente y “privada durante un interrogatorio en la Procuraduría General de la República revelando datos verdaderos y datos inventados por ellos con la finalidad de crear una mayor situación a los jueces, sobre todo a Reyes Beltré, que fue quien confió en ellos”.
“Un abogado y una institución que se preste a crear una situación difícil a una persona que se ha acercado a ellos a darle informaciones que tenía como único objetivo resguardar su integridad física y no otro. Entonces ir estos como si se tratara de testigo de excepción por ante la Procuraduría General de la República a decir lo que ella supuestamente le dijo es una situación grave”, expresaron.
Explican que Participación Ciudadana ha dicho que todo lo que Awilda le dijo corresponde a lo que dijo Mariano Germán Mejía, “cosa que no es verdad”.
Castro dijo que el Ministerio Público, sin hacer las averiguaciones de lugar de la proposición de diligencia, le solicitó al juez de Instrucción especial el magistrado Ramón Horacio González Pérez, además de las órdenes de allanamiento sino también órdenes de arresto, pero que esta última fue rechazada.
Dijo que el procurador Domínguez Brito, “se manifestó como lo que él es, un inquisidor, que trata de sacar capital político y mediático, tratando de tapar su irresponsabilidad por no recurrir en el tiempo debido el No Ha Lugar que favoreció al senador Félix Bautista”.
UN APUNTE
Trascendió
En principio circuló la información de que la magistrada Awilda Reyes habría admitido en la investigación que aunque no colocó su firma, sí escribió su nombre en el recibo que devolvía los 350 mil pesos, de 500 mil que había recibido.
