Opinión

Solicitud improcedente

Solicitud improcedente

La solicitud de juicio político hecha contra Amable Aristy es improcedente. El numeral 1 del artículo 83 de la Constitución dispone que solo los funcionarios elegidos por voto popular, por el Senado o por el Consejo de la Magistratura, pueden ser políticamente enjuiciados. El secretario general de la Liga Municipal, en virtud del artículo 105 de la Ley  176-07, es designado por los alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios del país, y por tanto, no puede ser objeto de juicio político ante el Senado. 

La Constitución condiciona el juicio político a que las faltas hayan sido cometidas por el funcionario acusado durante el desempeño del cargo de elección popular o en el período que agote por designación hecha por el Senado o el Consejo Nacional de la Magistratura. Y resulta que las irregularidades que se le atribuyen a Aristy Castro, las cuales sirven de fundamento al requerimiento que algunos sectores le han hecho a la Cámara de Diputados, se remontan a su gestión al frente de la Liga Municipal.

Para juzgar políticamente a Aristy Castro sería indispensable que las faltas se le imputen hayan sido cometidas en su condición de senador de la República, posición legislativa que de conformidad con el artículo 77 de la Constitución, es de elección universal y directa. Admito que no conoce el contenido de la solicitud elevada los diputados, pero en el hipotético caso de que fuese legalmente admisible, debería tener, para darle curso, una relación de los hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de las irregularidades atribuidas, sin olvidar que las auditorías, aunque son admisibles como medios de prueba, no constituyen evidencias concluyentes ni irrefutables. Muy por el contrario, pueden ser rebatidas por vicios de la técnica empleada, por omisiones o inexactitudes en la valoración de soportes financieros, y hasta por violación de los principios contables.

El Nacional

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