El intenso debate político electoral cede desde hoy su interés al suplicio de familias de clase media y de menores ingresos para suplir a sus hijos de uniformes y útiles escolares de cara a la apertura del nuevo año escolar, al que se agrega también el compromiso de pago de la matrícula de inscripción en colegios privados.

Desde este lunes todos los mayores esfuerzos o diligencias económicas de padres, madres y tutores van dirigidos a costear una industria millonaria relacionada con la escolaridad, ante la cual ninguna autoridad parece tener control sobre precios y costos.

El Ministerio de Educación no se ha referido aun al alcance que tendría el programa de distribución de uniformes y libros en las escuelas públicas, aunque miles de familias tienen la esperanza de que el Estado costee esos insumos en beneficio de estudiantes de los niveles básico y pre universitario.
La industria vinculada a la edición de textos, uniformes y otros insumos escolares moviliza miles de millones de pesos al año en una cadena productiva que incluye el desayuno escolar, construcción y equipamiento de edificios escolares.

Para poder ingresar a sus hijos o renovar inscripción en colegios educativos privados, son muchos los padres y tutores que deben concertar créditos por decenas de miles de pesos con bancos, asociaciones mutualistas o cooperativas.

Es por eso que el debate político, incluido lo referido a candidaturas presidenciales o a renovadas propuestas de modificar la Constitución, resulta opacado ante el viacrucis que se inicia desde este lunes y cuya fecha de término es aún más fatal que las asignadas a las primarias partidarias.

Entre los retos financieros que confrontan padres y tutores se incluye la obligación de adquirir licencias internacionales sobre textos educativos que usarán sus hijos por vía digital, cuya adquisición, obviamente deberá realizarse en dólares con tarjetas de crédito.

Convendría que el Ministerio de Educación y Pro Consumidor inicien desde hoy mismo una campaña de orientación dirigida a angustiados padres que afrontan el dolor de cabeza y de bolsillos para costear los altos precios de textos, útiles y uniformes e inscripción escolar de sus hijos. El derecho a la educación no puede ni debe ser un artículo de lujo.