Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a reclamar que se revoque o violente el ordenamiento constitucional de República Dominicana para que se otorgue nacionalidad a todos los inmigrantes indocumentados, principalmente haitianos, aun aquellos que no fueron inscritos en el Registro de Extranjería o no se acogieron a la ley de Regularización Migratoria.

El Comité de la ONU a cargo de los derechos de los niños exige que se reconozca pura y simple la nacionalidad a hijos de indocumentados nacidos aquí, aunque admite que una medida de esa naturaleza viola la Constitución de la República y una sentencia del Tribunal Constitucional.

Cuando se trata de República Dominicana, las palabras “regulación” ni “control migratorio” parecen tener significado en ninguno de los órganos de Naciones Unidas, que tampoco reconoce el valor jurídico y político de la Constitución ni la acepción “soberanía”.

Tribunal Constitucional, Estado y Gobierno han demostrado suficiente voluntad política para retomar el control migratorio y establecer una clara legislación sobre derecho a la nacionalidad en consonancia con la expresa voluntad del constituyente.

Es una pena que Naciones Unidas no reconozca que los poderes públicos dominicanos han obrado en dirección a regularizar un desorden migratorio, sin pretender perjudicar a inmigrantes y descendientes con méritos para ostentar la nacionalidad o para residir legalmente en territorio nacional.

Hace más de ocho décadas que el constituyente dominicano de manera sistemática otorga supremacía al jus sanguinis (derecho de sangre) sobre el jus solis (derecho de suelo), como también ha quedado claro que el Estado no cede su derecho inalienable soberano a legislar sobre migración y nacionalidad.

El Gobierno dominicano ha puesto todas las herramientas jurídicas y logísticas a disposición de los inmigrantes indocumentados y descendientes para que regularicen su situación migratoria, por lo que en vez de apretar el cuello de la República, la ONU debería dirigir sus presiones hacia Haití y sus autoridades, que nada hacen en favor de los suyos.

Con las debidas explicaciones sobre todas las iniciativas de ley aplicadas por las autoridades para salvaguardar los derechos de indocumentados y descendientes, el Gobierno dominicano está compelido a rechazar tajantemente el reclamo de la ONU para que eche a rodar su propio ordenamiento constitucional.