El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue instituido hace 63 años para brindar protección a más de un millón de europeos que se quedaron sin hogar tras la Segunda Guerra Mundial, pero su acción se extendió a todo el mundo, donde más de 34.4 millones de personas padecen esa condición.

Se sabe que esa agencia también asiste a personas con estatus de exiliados políticos, refugiados que retornan a sus hogares, desplazados internos y en situación de apatridia, aunque en los textos sobre sus funciones no aparece autoridad sobre asuntos migratorios ni control de la nacionalidad.

Difícil es entender las razones originales por las cuales el ACNUR se arroga derecho para plantear ante un foro mundial que organiza en La Haya, Holanda, una supuesta situación de apatridia en República Dominicana, lo que sin dudas constituye una acusación gratuita y falaz.

La oficina local de esa agencia inscribió en ese cónclave a Juliana Deguis, a quien se presentaría como un ejemplo de intento de apatridia, a pesar de que esa dama aclara que acudiría a la reunión para informar sobre las vicisitudes que dice pasó para obtener su cédula de identidad.

La sola presentación de un caso prefabricado sobre apatridia en un evento mundial de ACNUR constituye una ofensa inaceptable para República Dominicana, cuyos poderes públicos no han promovido ese tipo de violación a derechos inalienables.

El Comisionado y asesores enviados por Washington no ignoran que la sentencia 168 del Tribunal Constitucional esclareció el alcance de la nacionalidad dominicana y ordenó a poderes públicos vinculantes regularizar la situación de hijos de inmigrantes indocumentados.

La ley 196-14 cumple con el mandato del Constituyente, aun con las precariedades documentales que presentan los afectados, y ofrecen plenas seguridades de que las personas en situación migratoria irregular, provistas de acta de nacimiento obtenida de buena fe, recibirán la documentación que los acredite como dominicanos. Ningún ciudadano de origen haitiano en conflicto con la ley migratoria dominicana puede ser considerado como apátrida, porque la Constitución haitiana le reconoce la nacionalidad de sus padres.

Es claro que la oficina local del ACNUR, por mandatos superiores, da continuidad a la burda campaña internacional contra República Dominicana, en vano intento por obligar a que se cumpla con la infeliz expresión de una isla única e indivisible.