La Junta Monetaria autorizó ayer el uso de hasta diez mil millones de pesos del encaje legal correspondiente a los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos, para ser destinados al financiamiento de viviendas de bajo costo, lo que sin dudas ayudaría a reducir el elevado déficit habitacional.

Mediante ese mecanismo, esas entidades financieras podrán liberar recursos de sus respectivas provisiones para la concesión de préstamos a adquirientes de viviendas de hasta RD$2.5 millones, a una tasa de interés de 8% y plazos de hasta 20 años.

También se autoriza el uso de esos fondos para facilitar préstamos interinos a constructores a una tasa de un 6% anual y plazo de hasta dos años, con lo cual tendrían acceso a dinero a bajo costo que se reflejaría positivamente en el valor de la vivienda.

La resolución de la Junta Monetaria otorga pies a la ley 189-11 de Mercado Hipotecario y Fideicomiso, al amparo de la cual se desarrollarían iniciativas públicas y privadas para promover la construcción de viviendas de bajo costo.

Los niveles de cobertura del encaje de esas entidades de intermediación financiera no sufrirían alteraciones mayores, toda vez que la medida de la JM establece que los fondos que serán dirigidos para ese tipo de crédito deberán ser sustituidos por los títulos-valores de renta fija y otros instrumentos que se deriven de las operaciones de financiamiento.

Para que se tenga una idea de la trascendencia de la medida adoptada por la Junta Monetaria, preciso es señalar que el déficit habitacional sobrepasa ya el millón de unidades y que actualmente es poco más que imposible que una familia de ingresos modestos pueda acceder a un techo propio.

La importancia de esta liberalización de recursos del encaje legal para impulsar viviendas de bajo costo radica también en que se autoriza otorgar crédito con baja tasa de interés (6%) a empresas constructoras, lo que garantiza óptimos niveles de capitalización, incluidas las que participarán en el fideicomiso para la construcción de la Ciudad Juan Bosch, donde se levantarían unas 15 mil viviendas.

Esa resolución de la Junta Monetaria ayuda a consolidar la necesaria alianza de los sectores público y privado para acometer la ingente tarea de disminuir sustancialmente el déficit habitacional y garantizar el derecho de toda familia a poder disponer de un techo digno.