La región Suroeste tendrá que aplazar por mucho tiempo sus anhelos de convertirse en el cuarto polo turístico porque la propiedad de las áreas de playas que servirían de sustento a ese proyecto no puede ser recuperada por el Estado, después de que los terrenos fueron distribuidos hace años como si fueran parcelas agrícolas. La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original, Alba Luisa Beard Marcos, aplazó para mayo de 2014 la audiencia sobre el caso Bahía de las Aguilas, hasta tanto el Estado y los demandados hagan levantamientos y planos de los terrenos en litis.
Lo que se planteó como el relanzamiento económico y social de las provincias Pedernales, Barahona y Baoruco ha quedado en el “talvez” porque el inicio de ese ambicioso proyecto no sería posible el próximo año y posiblemente ni el siguiente.
La magistrada ha concedido un plazo de 60 días para que haga un levantamiento y realice los planos correspondientes “exclusivamente sobre la superficie que pretenda demandar en nulidad”, al término del cual se concederá otros dos meses a los demandados, intervinientes y ocupantes para que determinen cuáles son sus posesiones.
Como si todo eso fuera poco, la jueza Beard Marcos ordenó a la Dirección de Mensuras Catastrales inspeccionar cada uno de esos planos y levantamientos y depositar un informe en el tribunal en un plazo adicional de 90 días, pero quedan pendientes los plazos que las partes depositen sus escritos y contra escritos.
Una iniciativa de tan elevada trascendencia ha quedado enredada en las densas telarañas procesales a pesar de que hace casi 20 años que el Ministerio Público sometió a la justicia a funcionarios públicos y particulares acusados de apropiación ilegal o fraudulenta de esos terrenos.
Bahía de las Águilas se erige como el ejemplo mayor del daño que causa al bien común la prevaricación, fraude o cualquier acto criminal contra el Estado, porque esta historia sin fin comenzó hace años con la repartición por parte del Instituto Agrario Dominicano de terrenos con vocación turística, como si fueran parcelas agrícolas.
Duele decirlo, pero la región Suroeste tendrá que aguardar mucho tiempo más para poder iniciar el camino hacia su conversión en cuarto polo turístico de la República, ojalá que ese tiempo de espera no se extienda por otros veinte años, aguardando a la tortuga judicial.
