El presidente Danilo Medina integró anoche una comisión especial para revisar el Código Laboral a los fines de presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de modificación de ese estatuto, por lo que se prevé la reapertura de debates en torno a reiteradas sugerencias para que se excluyan de ese texto viejas conquistas laborales.
Esa comisión, coordinada por el Ministerio de la Presidencia, quedó integrada por los abogados José Darío Suárez, Joaquín Luciano y Marisol Vicens, así como por los economistas Manuel Adriano Jiménez, Jeffrey Lizardo y José Vicente, sin que se especifique si a esos profesionales se les adjudicó calidades para representar intereses de patronos o trabajadores.
El decreto presidencial que crea esa estructura de revisión y actualización del Código Laboral sugiere que se realicen esfuerzos para garantizar la participación tripartita de los sectores público, privado y laboral, pero, por su nomenclatura y porque los trabajos serán coordinados desde el Palacio Nacional, persiste el temor de que el gato cace al ratón.
A pesar de que la Constitución y la ley adjetiva otorgan al Ministerio de Trabajo el papel de componedor entre las partes y garante de la armonía tripartita, en el decreto sólo se le asigna una función técnica segregada de la Dirección General de Trabajo, una de sus dependencias.
Ojalá que prontamente se despejen los temores y sospechas de que esa comisión pueda inclinar la balanza para el lado que ha reclamado suprimir conquistas de los trabajadores, algunas de las cuales con vigencia por más de 60 años, pero es menester advertir al Gobierno que debería adoptar las previsiones de lugar para evitar desenfreno e injusticia.
Si bien es cierto que el Código Laboral no debería convertirse en obstáculo para la generación y sostenimiento de empleo digno, no se puede pretender que se transforme en un yugo que sólo sirva de sostén al designio de la explotación del hombre por el hombre. Las instituciones jurídicas de la cesantía, preaviso, jubilación, seguridad e higiene ocupacional y seguridad social no deberían sufrir degradación o vulneración en sus alcances, menos aún bajo el pretexto de que constituyen retranca para la generación de empleos.
En la revisión del Código Laboral deben participar en igualdad de condiciones representantes del Gobierno, sector empleador y centrales sindicales, como única garantía de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de modificación de ese estatuto que refleje voluntad tripartita y consigne el inviolable postulado de justicia y equidad en las relaciones obrero patronales.
