Las emergencias de la mayoría de los hospitales públicos se han convertido en tierra de nadie donde literalmente personal médico y paramédico está sometido a zozobra e inseguridad porque corren el riesgo de ser agredidos por bandas que acuden a esos lugares a defender o rematar a pacientes ingresados.
Por lo menos 16 galenos han sufrido agresiones físicas en los hospitales Francisco Moscoso Puello, Luis Eduardo Aybar y Darío Contreras, donde otros muchos han tenido que refugiarse en habitaciones de esos centros para evitar que gente armada los asesinen.
En el hospital público de Barahona desconocidos que penetraron a la sala de emergencia golpearon y quebraron un brazo a un médico residente, en una situación de violencia que constituye una constante cotidiana en centros asistenciales estatales.
Familiares y amigos de pacientes que son llevados con heridas de bala o punzantes agreden o amenazan a médicos de turnos en las emergencias a los que requieren por la fuerza que salve la vida de su pariente, por lo que el presidente del Colegio Médico ha advertido que a la próxima agresión dispondrá del retiro de los galenos de esos hospitales.
Aunque el Ministerio de Salud Pública ha prometido que para mediado de año dispondrá de un cuerpo especializado de seguridad que prestará servicio inicialmente en unos diez hospitales, se requiere que las autoridades refuercen la seguridad en esos centros para evitar desgracias mayores.
Centros como el Luis Eduardo Aybar, Darío Contreras, Toribio Bencosme y Juan Pablo Pina, se erigen en verdadera caldera del diablo, donde la seguridad física de médicos y paramédicos está siempre en riesgo por los constantes acosos de gente armada que acuden a rematar o a defender pacientes.
La idea de Salud Pública de proveer a los hospitales con personal de seguridad dotados de macana y balas de salva no parece entusiasmar a los médicos que padecen de frecuente y desenfrenada violencia de grupos que acuden a las emergencias armados hasta los dientes.
La agresión física sufrida por al menos 16 galenos mientras laboraban en áreas de urgencias en hospitales públicos es un motivo de escándalo y causa de indignación, pues es obligación de las autoridades proteger a esos profesionales y a sus pacientes. Que no se espere ¡por Dios! que bandoleros lleguen a asesinar a un médico, enfermera o paramédico.

