La Comunidad del Caribe (Caricom) carece de calidad jurídica, política y moral para ejercer labor de mediación ante cualquier diferendo que aflore entre República Dominicana y Haití, porque esa entidad dirige una campaña de descrédito a la nación en procura de que el Estado abdique al derecho y obligación de ejercer plena soberanía. Caricom se ha erigido como implacable verdugo que flagela las espaldas de la República, porque el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que fija el alcance de la nacionalidad y ordena a los agentes de la ley aplicar las leyes de control migratorio.

El Gobierno ofrece una penosa señal de debilidad al aceptar que participen en el diálogo los primeros ministros de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, porque fueron esos jefes de Gobierno los que impidieron el ingreso dominicano al Caricom y gestionaron su expulsión del esquema de Petrocaribe. Persad Bissessar y Gonzalves dirigieron al presidente Danilo Medina sendas cartas de contenido irrespetuoso y claramente intervencionista, al exigir al mandatario dominicano que no aplique los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, con la amenaza de que el país sufriría el aislamiento internacional.

¿Cómo, entonces, el Gobierno permite que el Caricom, látigo en mano, desempeñe ahora el rol de mediador entre Haití y República Dominicana? Es obvio que la iglesia ha quedado en manos de Lutero, entregada en bandeja de plata. El retorno al diálogo con los vecinos ha sido una decisión sabia, promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha ofrecido sobradas muestras de respeto a la integridad moral del gentilicio dominicano y a su derecho de ejercer sus prerrogativas soberanas, sin colisionar con derechos individuales.

El Caricom ha actuado en vía contraria, con uso frecuente de epítetos contra el Gobierno dominicano y sus instituciones jurídicas, además de gestionar sanciones contra Santo Domingo, en su propio seno, en Naciones Unidas, Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA), Petrocaribe y hasta en la Cumbre Iberoamericana. Es por eso que se reclama a todo pulmón que el Gobierno objete al Caricom en cualquier rol en el diálogo con Haití, basado en que ese organismo no puede ejercer el rol de juez y parte, sin poseer tampoco calidad para flagelar a una nación democrática, solidaria, respetuosa, independiente y soberana, como sin duda lo es República Dominicana.