El Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de ley que aumentará drásticamente las penas a los infractores del tráfico de inmigrantes y trata de personas, violaciones previstas sancionadas por la ley 137-03, que contempla castigos de 10 a 15 años, normativa que algunos antidominicanos y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, transgreden con una frecuencia pasmosa, recibiendo generosas medidas de coerción, lo que les permite reincidir en un hecho punible de carácter criminal.

La ley penal constituye fundamentalmente una prevención, a los fines de evitar crímenes y delitos, cuyas sanciones ahuyentan a las personas de cometer acciones contra el conjunto de reglas contenidas en el Código Penal y en numerosas leyes especiales que son infringidas, sin un régimen de consecuencias que impida su impunidad y detenga la repetición, alejamiento de la ejecución y la esencia de la legislación.

La actualización y endurecimiento que pretende la pieza depositada por el consultor jurídico de la presidencia de la República, doctor Antoliano Peralta, vía la cámara baja, los jueces podrán imponer penas que oscilan entre 30 y 40 años a militares y civiles que tienen un gran negocio trayendo haitianos ilegales por distintos puntos de la frontera, lo que provoca un desbordamiento de la gran inmigración, añadida a las decenas de asentamientos existentes en el país, un grave problema para nuestra soberanía, que se está convirtiendo en inmanejable y que podría desembocar en enfrentamientos sangrientos entre nacionales del vecino país y los haitianos de este lado de la isla.

Actualmente, los jueces del orden judicial, se rehúsan imponer prisión preventiva a los imputados de las aludidas infracciones, inclinándose por la garantía económica e impedimentos de salida del país, como medidas de coerción, ocasionando que antes de transcurrir un mes, vuelvan a ser detenidos con camiones y yipetas cargadas de haitianos ilegales, burlándose del sistema de justicia imperante.

Paralelamente, a las modificaciones de la ley sobre Inmigrantes y tratas de personas, el presidente Luis Abinader, está auspiciando un proyecto de mecanización agrícola y promoviendo la aplicación del artículo del Código de Trabajo que establece el 80 por ciento de la mano de obra en el campo y las construcciones sean netamente dominicana y el resto 20 por ciento destinado a los trabajadores extranjeros, una aspiración de la sociedad dominicana para hacer prevalecer nuestra identidad nacional y los símbolos patrios , ultrajados en las favelas donde se refugian los indocumentados.

Ojalá puedan lograrse los propósitos en las citaciones dirección (endurecimiento de las penas, mecanización agrícola y aplicación del 80-20) , pues así le cambiamos la fisonomía al país y garantizamos la salud de la Patria, porque ser frustrantes tales medidas, caeremos en un punto altamente peligroso, ya que existe una inclinación de provocar una sublevación contra la inmigración haitiana ilegal, los cuales inundan la República y están por todas partes , en calles, avenidas y callejones del país.