La muerte de seis personas, miembros de una misma familia, al chocar un camión contra el local de una ferretería en la autopista Duarte, constituye una trágica coincidencia con la celebración de un foro internacional sobre seguridad vial, como si el destino quisiera que se graficara con un suceso cruento la magnitud del problema social y económico que significan los accidentes de tránsito.

Las cifras sobre fallecimiento en colisiones o vuelcos de vehículos son también desgarradoras, al revelarse que la tasa de muerte por esa causa asciende a 41.7 por cada cien mil habitantes, una de las más altas en el mundo, que también es la primera causa de muerte en República Dominicana.

No parece ser por casualidad que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Mundial de Automovilismo (FIA) escogieron a Santo Domingo como sede del foro “Pavimentando caminos hacia la seguridad vial”, pues las calles, avenidas y autopistas dominicanas constituyen un verdadero infierno por las constantes violaciones a leyes y normativas de tránsito.

Es por eso que se retoma el tema para insistir en que, además de sugerencia técnica sobre cómo administrar el flujo vehicular por los lienzos asfálticos, se requiere que al menos las principales carreteras sean abordadas por las autoridades en términos de efectiva vigilancia y adecuada señalización.

Aunque se dice que el accidente de tránsito que causó la muerte del chofer, su esposa, un hijo, hermano y dos primos, se produjo porque el conductor se quedó dormido mientras conducía, no hay dudas que ese y otros casos fatales pudieran evitarse con la intervención de patrullas de carreteras que impidan o sancionen el exceso de velocidad, y otras formas de violación a la ley o de manejo temerario.

El Gobierno gasta unos 700 millones de dólares al año, equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en servicios hospitalarios derivados de accidentes viales, otra estadística que refleja la magnitud de un flagelo que causa más muertes que las producidas por la delincuencia y la criminalidad.

Una Estrategia Nacional Vial, como la que se dice diseñan el Gobierno y el BID, debería incluir la provisión de recursos y tecnificación para dotar a todas las autopistas y carreteras de un eficiente servicio de patrullaje, como se estila en naciones donde el índice de muertes por accidentes es mucho menor de 17 por cada cien mil habitantes.

La coincidente tragedia de la muerte de seis miembros de una familia en un percance vial en Villa Altagracia, con el foro internacional sobre seguridad en las carreteras, debería ser asumido por Gobierno y sociedad como clara señal de que se requiere actuar de inmediato para conjurar ese infierno que significa el desorden y la anarquía imperante en el tránsito urbano e interurbano.