Ha trascendido a la opinión pública un incidente que se produjo a la salida de una audiencia de un proceso judicial en el cual un miembro de la parte demandante agredió físicamente uno de los abogados de la parte demandada.

El argumento esgrimido por la persona que protagonizó la agresión fue que el caso ha tenido múltiples aplazamientos y el abogado involucrado, según su criterio, estaba recurriendo a tácticas dilatorias y alusiones de tipo personal que desató su ira y no pudo contenerse.

Ha sido apabullante la proporción de críticas recibidas por el ciudadano que junto a su familia persiguen una reparación por la muerte de su Papá a causa de lo que valoran como negligencia profesional del personal de centros de salud a los cuales fue llevado el paciente después de sufrir un accidente automovilístico.

Considero que la conducta asumida por Claudio Caamaño fue inadecuada, pero jamás me sumaría a quienes se han precipitado a condenarle sin reparar en un conjunto de circunstancias que, sin llegar a justificar su actitud, sirven para explicarla.

El error del hijo dolido por la muerte súbita de su progenitor consistió en que su proceder representó una canalización personal de una situación que va más allá de un expediente determinado para remontarse a las características de un sistema que, como el judicial, tiene déficits innegables de buen funcionamiento.

La distorsión del comportamiento comentado radicó en que volcó su frustración contra un actor del sistema que en ocasiones puede ser, y estoy seguro que lo ha sido, víctima de esa estructura que con frecuencia no responde a los propósitos para los cuales existe.

Si en vez de volcar su rabia contra un sujeto específico, hubiese utilizado el vía crucis procesal del litigio que le concierne como ejemplo de lo que no debe ser una justicia llamada a ser oportuna y eficiente y hacer notar que si eso ocurre con personas de notoriedad pública, resulta fácil suponer lo que pasa con desamparados de la sociedad, habría contribuido con la necesaria exposición de los males que aquejan a este poder del Estado.

Comparar esta situación con otros casos que tienen dos y hasta treinta años sin ser decididos es un pobrísimo argumento que, lejos de servir para refutar la actitud de quienes se rebelan contra la inequidad de los tribunales, confirma la necesidad de revertir un estado de cosas que conspira contra el más elemental sentido de justicia.