Luis Pérez Casanova
Sin renunciar a la solidaridad con el sufrimiento del pueblo haitiano, que se ha manifestado en edificar a la comunidad internacional sobre el penoso cuadro y en asistencia humanitaria cuando las circunstancias lo han ameritado, la realidad es que el poder acumulado por las pandillas a través de la violencia y el terror a que han sometido a la vecina nación legitiman aún más las iniciativas del Gobierno dominicano para preservar la estabilidad y la integridad del territorio.
Con el candor de la ignorancia sobre la magnitud de la crisis que germinaba en Haití, hubo oposición a la verja ordenada por el presidente Luis Abinader en la frontera porque se entendía que era más pertinente la inversión en obras de desarrollo en la zona para mitigar la miseria y contener la migración y el contrabando. E incluso se clamó por un diálogo con las autoridades haitianas, pero el tiempo demostró que los acuerdos con nuestros vecinos eran letra muerta porque los violaban de manera olímpica en el primer momento.
La violencia, la inseguridad y la ingobernabilidad promovidas por bandoleros y respaldada por sectores de poder de la vecina nación se han ocupado de justificar no solo la verja, sino la cuantiosa inversión que representa el despliegue en la frontera de unos 11 mil soldados y las dolorosas repatriaciones de haitianos indocumentados.
No deja inquietar, sin embargo, que a pesar de las restricciones el trasiego de indocumentados no haya cesado, en gran medida por la corrupción, y que algunos inspectores de Migración se hayan excedido en el proceso de las repatriaciones.
En medio de la tragedia que asola al pueblo haitiano indigna el odio que destilan algunos sectores contra todo lo que huela al vecino país. En lugar de respetarse los derechos y la dignidad de los repatriados esos grupos, a nombre de un falso patriotismo, celebrarían que a los detenidos se les trate, para que escarmienten, como bestias. Suerte que el Gobierno ha ignorado las presiones de esos portavoces de la inquina. Siempre que no se exceda y que actúe contra los excesos, el Gobierno contará con el respaldo de los sectores más sensatos con las medidas que ha adoptado para contener la migración irregular.
Porque la verdad es que la creciente crisis que sacude a Haití obliga a tomar decisiones para evitar que siquiera una ligera chispa penetre por cualquier vía a esta parte de la isla.
Aunque el Gobierno haitiano haya contratado mercenarios para lidiar con las pandillas, es incierto el desenlace de la crisis en un país que ya está prácticamente desintegrado. Sin abandonar los esfuerzos para que se encuentre una salida a la dramática realidad, las autoridades dominicanas no pueden hacer más que lo que han hecho.
