En el informe sobre la visita a Haití y República Dominicana de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) no figura ninguna evidencia de violación a derechos de inmigrantes ni señales de crisis humanitaria a causa de repatriaciones masivas, por lo que quedó demostrado que el Gobierno haitiano ha mentido deliberadamente.

De aparente contenido conciliador, en ese informe se desnuda el burdo propósito del secretario general Luis Almagro de intervenir de manera activa y decisiva en el conflicto suscitado por la decisión de República Dominicana de ejercer su derecho soberano al control migratorio.

Es por eso que el Gobierno dominicano ha rechazado tajantemente el tutelaje de la OEA sobre el fuero soberano de la República, con ropaje de una burda propuesta de patrocinio de diálogo con Haití, sin reconocer de manera explícita que todas las acusaciones vertidas por las autoridades de ese país son falsas e infundadas.

En la presentación de ese escrito ante el Consejo Permanente de la OEA, al secretario Almagro le faltó entereza y humildad para reconocer que se equivocó al aceptar como buena y válida la denuncia de Haití de que el Gobierno dominicano aplica medidas compulsivas para obligar a miles de inmigrantes a retornar a su país.

Aunque en el aspecto descriptivo el informe constituye un documento de descargo ante la sarta de infamia vertida por Haití contra República Dominicana, en el apartado de recomendaciones se exhiben las garras intervencionistas de la OEA, nunca disimuladas por su secretario general.

Incluso, el titular de la OEA insiste en ese informe sobre el riesgo de la apatridia, sin que él ni sus asesores se molestaran en estudiar los apartados en las Constituciones políticas de Haití y República Dominicana sobre la nacionalidad, jerarquizada por el principio del jus sanguinis.

Tal y como dijo el canciller Andrés Navarro, la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia del Estado y no son objeto de negociaciones, y que los mecanismos de diálogo bilateral podrían restablecerse tan pronto el Gobierno haitiano deponga su actitud de descrédito e infamia.

Con toda razón y derecho, República Dominicana rechaza el pretendido tutelaje de la OEA, porque las recomendaciones insertadas en el informe presentado por el secretario Almagro revelan claras intenciones intervencionistas que procuran degradar el inviolable derecho del Estado nacional a ejercer plena soberanía.