El empresariado nacional ha puesto el índice sobre el tumor de desorden y anarquía en el transporte de carga y pasajeros, que desde hace mucho tiempo agobia a la población y a los sectores productivos, sin que los gobiernos apliquen el recetario necesario para extirparlo.

Esos vitales servicios son controlados hoy por intereses empresariales guarecidos en denominaciones sindicales que imponen oligopolios sustentados en caos y violencia.

El transporte de pasajeros urbano e interurbano es un infierno cuyo control se libra a base de tiros, garrotazos, machetazos y cuchilladas, a favor de cuyos jefes el gobierno exonera o regala combustibles por millones de pesos.

Quienes usan un transporte colectivo o de concho no saben cuándo llegarían a su destino o si en el trayecto el vehículo es atacado por uno de los grupos mafiosos que se disputan el control de la ruta, o si el chofer de la guagua o del carro público decide hacer lo que mejor le convenga.

El transporte de carga es monopólico, deficiente y caro, controlado por un consorcio empresarial de único dueño que también controla hasta la respiración en puertos, aeropuertos y carreteras, sin que las autoridades se atrevan a garantizar el derecho a la libre empresa.

Es por eso que el ‘basta ya’ proclamado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se define como oportuno y necesario, porque parece llegado el momento de exigir al Gobierno que afronte una situación vergonzosa e inaceptable.

Miles de choferes arrastran por las calles y avenidas sus destartalados vehículos, mientras supuestos dirigentes sindicales amasan fortuna y poder con la sola inversión de terror y miedo, al punto que ya se definen como los dueños del país.

El Gobierno debe aplicar con determinación la Constitución, leyes, reglamentos y decretos, para garantizar que el transporte de carga y pasajeros sea eficiente con servicios públicos, basado en el orden, respeto y competitividad, para lo cual se requiere curar por siempre una sangrante úlcera de anarquía y caos.