Con el anunciado aumento de un 25 % a un 30 % al salario mínimo, que se aplicará entre junio de este año y el mismo mes del 2026 a trabajadores del sector turismo, se completan los reajustes salariales a los diferentes sectores productivos privados, pendiente aún un incremento a los empleados del sector público.

El presidente Luis Abinader dijo que se evalúa la posibilidad de incluir en el próximo Presupuesto General del Estado una partida destinada a aumentar los sueldos a servidores del Gobierno, con especial atención a los empleados de menores niveles.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reveló que el número de empleados públicos a julio del 2024 ascendía a 733,824, lo que representa un incremento del 117 % en comparación con los niveles de 2009, señal de que el Gobierno tendría que hilar fino en términos presupuestarios para elevar el salario mínimo.

El último incremento de sueldos al sector público se produjo en 2019, cuando el entonces presidente Danilo Medina dispuso un aumento del salario mínimo, de RD$ 5,117 a RD$ 10,000, un 10 % a los que devengaban entre diez mil y 20 mil pesos, y 5% a los empleados con salarios entre veinte mil a 30 mil pesos.

El Índice General de Precios (IGP) aumentó desde 3.66 % en 1919 y se mantuvo en torno al 8 % entre 2021 y 2022, a causa de la crisis provocada por la pandemia, y de 3.71 %, en abril de 2025, lo que indica que ese modesto aumento salarial se volvió sal y agua en términos de poder adquisitivo.

Aunque ninguno de los últimos gobiernos han cumplido con el compromiso de reducir la nómina pública y el gasto corriente, y con ello el déficit fiscal, sería de justicia aumentar el salario mínimo de los empleados públicos, congelados desde hace seis años.

No se vislumbra ninguna fórmula mágica para financiar un incremento salarial en el sector público que no sea a través de una reforma fiscal o inusitada eficiencia tributaria, lo que al día de hoy oscila entre lo difícil e imposible, si se toma en cuenta que el déficit fiscal alcanza un 3 %, el gasto corriente, 12 % y el gasto de capital apenas un 2,2 por ciento.

Aun así, el Gobierno está compelido a mover cielo y tierra para aumentar el salario en el sector público, especialmente en las escalas menores, porque el incremento de 1919 hace tiempo que se lo tragó la inflación y porque más de 700 mil empleados son también consumidores que ayudan a movilizar la economía, pero sobre todo, porque sería un acto de justicia.