Nadie en su sano juicio puede poner reparos al reclamo de que se cumpla con la ley que dispone una asignación al Poder Judicial equivalente al 2.66% en proporción al monto del Presupuesto General del Estado para que la justicia se aproxime al ideal de autonomía.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, ha advertido que las limitaciones económicas podrían ahogar el servicio judicial, porque la partida que recibe es un 50% de lo solicitado, con el agravante de que el 96% de esos cinco mil 606 millones se destinan a gastos corrientes.

Para el próximo ejercicio fiscal, la Suprema Corte ha solicitado unos 14 mil millones de pesos, el equivalente al porcentaje de ley, lo que permitiría habilitar 98 tribunales creados por ley y disponer la construcción de locales para juzgados de paz, cortes y tribunales.

Para poder hablar de mayor presupuesto para la Justicia, Ministerio Publico, Policía, Universidad Autónoma, Ayuntamientos, Congreso, Cámara de Cuentas y otras instituciones del Estado, se requiere referir el tema de la fiscalidad o del incremento de los ingresos a través de una mejoría en la administración tributaria.

El nivel de presión tributaria en la economía dominicana es de un 13.5% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), frente a una media regional de 21%, y un reclamo de asignaciones presupuestales equivalente a un 18%. Dicho en otra palabra: los ingresos fiscales no alcanzan para saldar tantas cuentas.

Otro factor que incide de manera negativa en la ejecución presupuestal es la atadura de ley en las partidas que deben asignarse a diferentes estamentos del Estado, como el 5% a la UASD, 10%, a los ayuntamientos, 4% del PIB a la educación, 2.66% a la justicia, así como el pedido de un 5% del PIB a la salud.

Si se cumpliera con la ley de asignaciones presupuestales, el déficit fiscal superaría el 5% del PIB, aun en el caso de que el Gobierno eleve a los más altos estándares su compromiso de garantía en la calidad del gasto público, por lo que hablar de fiscalidad o de eficiencia en la administración tributaria constituye un ejercicio de responsabilidad.

Queda claro que en cualquier estado de situación, justicia y salud deberían tener las mayores asignaciones al momento de distribuir panes y peces, porque a esos sectores corresponde la mayor atención del Gobierno durante el próximo cuatrienio.