Después de adelantar que los asesinatos del viceministro de Energía y Minas y de un hijo suyo fueron perpetrados por sicarios, versión que en principio fue corroborada por el procurador general, la Policía informó ayer que el motivo de ese doble homicidio fue el robo.

La institución policial anunció el apresamiento de ocho individuos, supuestos miembros de una banda de atracadores, a quienes acusa de las muertes de Victoriano Santos y de su hijo Víctor Manuel Santos, en la residencia de ambos, en Cotuí.

En ningún modo se duda de esta nueva versión policial, que seguramente estaría acompañada del fardo de pruebas que compromete la responsabilidad penal de los implicados, pero sería de provecho que la jefatura policial y el procurador general explicaran en cuáles evidencias sustentaron la afirmación inicial sobre el sicariato.

¿Acaso investigadores policiales y fiscales sustentaron la tesis del asesinato por encargo porque una de las víctimas ostentaba la doble condición de funcionario y dirigente del partido oficial? Policía y Ministerio Público deberían explicar el porqué.

Desenfreno verbal

La joven fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, debería administrar mejor sus opiniones que vierte con frecuencia ante los medios de comunicación, porque con acarrean problemas que escapan a su propio control.

Decir que policías o militares participan en el 90 por ciento de los crímenes y delitos que se perpetran en su jurisdicción resulta una estadística sustentada en bases innominadas, difícil de comprobar.

Otra cosa sería si la fiscal Reynoso, por ejemplo, hubiese revelado que de un número específico de expedientes criminales sometidos a la justicia, policías y militares fueron implicados en la proporción que ha dicho.

El juicio de valor o el dato sin confirmar expuesto por la fiscal ha causado un grave daño a la maltrecha imagen de una institución que, a decir verdad, se esfuerza por superarse en el marco de sus precariedades. Mejor sería que la fiscal se pronuncie siempre por dictamen.