En menos de nueve años, República Dominicana terminará el proceso de desgravación arancelaria para la importación desde Estados Unidos de rubros agrícolas y pecuarios que desplazaría del mercado a sus pares producidos aquí. Es como una muerte anunciada que ningún Gobierno ha hecho mucho por evitar.

La producción nacional de arroz, habichuela, leche, queso, papa, ajo, cebolla, pollo, cerdo se reducirían a su mínima expresión a partir de 2025, arrollados por importaciones libres de impuestos de alimentos procedentes de una economía super desarrollada que subsidia a sus productores.

La Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores (Afipa) ha sugerido a los productores sembrar otros rubros que no representen amenazas ante la liberalización de aranceles prevista en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Ese gremio recomienda que, en vez de arroz, habichuelas y carnes, se cultiven plantas forestales y ornamentales y rubros con procesos agroindustriales como cigarros, bija, pimienta, además de mango, aguacate, melón y vegetales orientales.

El cultivo de arroz no solo significa un alimento de consumo masivo, sino la fuente de ingresos de más de 500 mil personas a nivel nacional, en tanto que el de las habichuelas constituye la base de la economía agrícola del valle de San Juan.

A partir de 2025, el país renunciaría a su capacidad de autogestión alimentaria para convertirse en importador neto de alimentos básicos desde un solo mercado, sin que se sepa dónde obtendría las divisas para financiar la compra de su propia comida.

La economía dominicana no estaría en condiciones para dentro de nueve años incrementar el valor de sus exportaciones a territorio estadounidense, menos aun con una oferta exportable sugerida a base de plantas ornamentales y vegetales chinos, por lo que es previsible que el déficit de cuentas corrientes de la Balanza de Pagos se incremente hasta la estratosfera.

Es ahora cuando Gobierno y sector productivo tienen que abocarse a definir una estrategia de desarrollo basada en garantizar producción y productividad agropecuaria y agroindustrial para evitar o impedir que el DR-Cafta convierta a este país en una finquita de Estados Unidos.