La República Dominicana necesita una nueva política industrial para enfrentar los retos de estos nuevos tiempos. Lo poco que podemos llamar como “política industrial” en nuestro país es el régimen de zonas francas creado en 1990 y la Ley de Competitividad e Innovación Industrial del 2007, desde entonces mucho ha cambiado y es tiempo que nuestra política industrial refleje esa realidad.

Históricamente, el enfoque de nuestra política industrial ha sido en la promoción de inversiones a través de exenciones fiscales, lo que ha tenido un resultado mixto especialmente cuando de la industria nacional se trata. Y si bien, mejorar y aclarar el tratamiento fiscal de la inversión industrial debe ser una parte importante de la política, esta no puede ser todo. Sí, debemos tener un mecanismo fiscal donde la inversión del sector privado en investigación, desarrollo y capacitación de personal pueda ser deducida generosamente del Impuesto Sobre la Renta, pero esto dista de ser lo único a lo que debemos apuntar.

Podemos apoyarnos en las figuras de zonas francas, parques y distritos industriales para crear un ecosistema legal, tributario y financiero que estimule la inversión local e internacional para crear manufactura en la República Dominicana. Esto incluye acceso rápido y flexible a capital a través de vehículos legales y financieros más amigables al capital de riesgo, con un sistema expedito de solución de conflictos para crear un espacio amigable para la creación de start-ups y facilitar su acceso a emprendedores internacionales que encuentran barreras de entrada particularmente difíciles de superar en sus países.

Adicionalmente el Estado dominicano puede usar el músculo del Presupuesto Nacional para estimular el desarrollo industrial local agregando premiums a los procesos de compras de bienes si una parte de la construcción y ensamblaje de estos se realiza en la República Dominicana. Esto no debe suponer una exclusión de productos importados de dichos procesos, ni un trato materialmente desigual (especialmente de nuestros socios con tratados comerciales) de estos respecto de lo local, pero sí agregar un estímulo para que una parte de la producción de bienes terminados que compra el Estado se haga en nuestro país.

El Estado puede poner especial atención a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el desarrollo de esa política industrial, que con un presupuesto combinado de casi 2% del PIB pueden, en procura de atender sus propias necesidades, usar su demanda para estimular la creación de una oferta local.

La reciente creación de la empresa pública Industria Militar Dominicana, S.A. parece ser una indicación que los ojos del Estado ya están en ese rubro, pero esta empresa por si sola no podrá atender todas las necesidades de ambas instituciones en todos los rubros que son requeridos, incluyendo aquellos que les han sido asignados. Es posible crear toda una base industrial local enfocada en la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional si el Estado muestra un compromiso de adquirir lo que esta desarrolle.

No es común en el debate político, social o económico de nuestro país el darle mucha atención a nuestra política industrial, y esto es algo que debemos empezar a cambiar. Nuestra economía avanza y seguirá avanzando de la mano con mejoras progresivas y no de cambios revolucionarios, exceptuando en aquellas cosas particularmente desatendidas como un plan de nación para nuestra industria local. Donde podamos explorar grandes oportunidades, debemos darnos la posibilidad de hacerlo.