La Dirección General de Migración advierte que aplicará, 21 años después, la ley 285-04 que establece multas entre 75 mil y 450 mil pesos a los establecimientos comerciales que empleen extranjeros en condición migratoria irregular, esta vez como “una estrategia para erradicar esa práctica y reforzar el cumplimiento de las leyes”.

El programa de control migratorio ha debido empezar con la vigencia de ese estatuto promulgado en 2004, lo que hubiese desalentado a no pocos empleadores a contratar mano de obra ilegal, que a su vez es una de las causas del desenfreno inmigratorio.

Razones tendrían las autoridades de varios gobiernos para engavetar esa ley cuya aplicación ahorraría muchos dolores de cabeza relacionados con el desplazamiento de trabajadores dominicanos en áreas como la construcción, agropecuaria, comercio y turismo.

El 30 de noviembre de 1913, el entonces presidente Danilo Medina emitió el decreto 327-13 que instituyó el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, a través del cual decenas de miles de ciudadanos haitianos legalizaron sus documentos de residencia.

Se suponía que el sector empleador recurriría a esa mano de obra legal para suplir necesidades en sus unidades productivas y que, por consiguiente, la Dirección de Migración podría aplicar la ley que impone multas a las empresas que contraten indocumentados.

Dirigentes políticos, empresariales y algunos funcionarios han sugerido reeditar ese programa para legalizar miles de extranjeros sin papeles que laboran en comercios, construcciones, industrias, plantaciones agrícolas y pecuarias, como si la historia institucional del país fuera la de rodar en círculo.

No pocos empleadores olvidan también la prevalencia del artículo 135 del Código Laboral dominicano que establece que al menos el 80 % de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos, lo que indica que solo el 20 % debe corresponder a mano de obra extranjera.

Como en el Macondo de García Márquez, el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, amenaza con aplicar una vieja ley que dispone multas a las empresas que empleen extranjeros en situación migratoria irregular, sin que nadie entienda porque no se aplicó durante 21 años.