La denuncia pública que hizo el procurador general de la República Francisco Domínguez Brito en contra de cinco jueces del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo violenta el debido proceso y le hace daño al sistema de justicia de la República Dominicana, consideraron ayer varios abogados.
Los penalistas Ingrid Hidalgo, Jaime Terrero y José Stalin Almonte dijeron por separado que el proceso seguido contra los jueces José Dionicio Duvergé Mejía, jdel Quinto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, también de la Corte de
Apelación de la misma jurisdicción, debió dirimirse a lo interno y no hacerlo público cuando apenas inicia el proceso en su contra porque están revestido de la presunción de inocencia.
Asimismo, tampoco los nombres de los jueces Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y Delio Germán, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, porque el procurador no tiene la verdad absoluta.
Para la abogada Ingrid Hidalgo el procurador debió esperar el final del proceso antes de enviar a los medios la denuncia, para no violentar el debido proceso y la presunción de inocencia de los encartados. “Claro que le hace un daño garrafal a la justicia, tras sostener que es la primera vez que se hace una denuncia pública, hay que ver si el procurador general de la República para sustentar esas denuncias sabe a lo que se expone si no cuenta con las bases”
Dijo que deben ser los mismos jueces que procuren su investigación para que puedan demostrar que lo que dice el Ministerio Público carece de veracidad y que actúen en consecuencia.
Mientras que el abogado José Stalin Almonte dijo que se hace necesario que el Ministerio Público dentro de su fase discrecional inicie cualquier investigación sin violentar el debido proceso.
“Pueden realizar de forma correcta la investigación para posteriormente evitar tener que pedir disculpa y no manchar nombres de personas que podrían ser descargadas de la acusación”.
Pidió transparencia en las investigaciones que realiza el Ministerio Público y que no se le puede dar validez a intervenciones telefónicas irregulares. “Esto es dañar la imagen de la justicia de manera general involucrando a todos los servidores”.
El doctor Jaime Terrero dijo que eso afecta al sistema judicial porque las diferencias entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia deben dirimirse en una mesa entre ambas partes.
Deploró que el Ministerio Público tenga por uso y costumbre presentar expedientes con fallas y defectos procesales, sin contar con los elementos probatorios y entonces los jueces se ven en la obligación de poner en libertad a los inculpados.
“El Ministerio Público debe revisarse, porque ha demostrado niveles de incompetencia en todos los sentidos”, expresó tras sostener que el procurador general de la República ha fracasado en su lucha contra la corrupción, no porque no exista, sino que los expedientes que él somete no están bien estructurados y no cuenta con las pruebas suficientes.
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió sin disfrute de sueldo y la remisión a juicio de tres jueces y suspendió a otros dos, luego de la denuncia del procurador general, quien los acusa de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico.
UN APUNTE
Procurador
Domínguez Brito también vinculó al titular del Consejo del Poder Judicial y exjuez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Francisco Arias Valera, quien renunció el pasado jueves.
