SANTIAGO.- A pesar de que las autoridades judiciales y de la Dirección General de Aduanas alegan tener pruebas de que empresarios cibaeños sobornaron a empleados de esa entidad a cambio de que les permitieran introducir de contrabando mercancías y dinero en efectivo, no se ha producido la primera detención de los auspiciadores del fraude.

Esa es la realidad que prevalece en el caso por el que se dictó coerción de ocho meses en prisión contra los jóvenes Adalberto Rosa Rosario, Miguel Ángel Lazala Cabrera y Herald Estévez Peña, empleados de la dirección regional Norte de Aduanas.

El trío fue apresado el 27 de julio pasado y, dos días después, la magistrada Agueda del Carmen García, jueza de la Atención Permanente, tomó la decisión de enviarlo a Rafey-Hombres, medida que fue apelada este martes por los abogados defensores, considerando que con la misma se violó la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.

Aunque en la pieza acusatoria se especifica que ellos permitieron una evasión fiscal por el orden de 138 millones de pesos, al permitir a propietarios de empresas mudanceras retirar mercancías sin la debida verificación, ningún propietario de los negocios involucrados ha sido detenido.

Sólo José Ignacio Zapata, presidente de la compañía Papo Shipping, una de las empresas vinculadas a la alegada mafia que operaba en Aduanas de esta ciudad, ha sido señalado por las autoridades como parte del fraude, pero no está detenido y hay informes de que se encuentra fuera del país.

De los otros relacionados con el tráfico de armas de fuego y receptores de casi 900 mil dólares provenientes de manera irregular desde Estados Unidos, ni sus identidades han sido reveladas y mucho menos se encuentran arrestados.

La aparente lentitud con que las autoridades han actuado contra esos empresarios comienza a inquietar a sectores de la sociedad de Santiago, que estiman se busca la manera de involucrar la menor cantidad de gente en el expediente donde sólo aparecen supuestos corruptos aduaneros, pero no así los corruptores.

Mientras tanto, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial se apresta a fijar la audiencia contra los tres jóvenes encartados, bajo el alegato de sus defensores de que están detenidos de manera ilegal.

Se espera que la semana próxima se determine cuándo el juicio será conocido en esa instancia y donde los juristas solicitarán el modo de coerción de libertad mediante garantías económicas para los inculpados.