El ministro de Educación, Ángel Hernández, expresó este viernes que esa institución dará seguimiento al conflicto entre el colegio Cathedral International School y los padres de sus estudiantes en torno al aumento de la tarifa mensual anunciado por el centro educativo, para el año escolar 2023-2024, el cual consideran “desproporcionado”.

No obstante, el funcionario afirmó que esa dependencia no puede imponer los precios por tarifa mensual que los colegios privados cobran a sus alumnos.

Indicó que la intervención del Ministerio se limita a negociar, procurar el consenso entre las partes, “pero no a imponer precios”.

“Hay que procurar que entre las partes se garantice el derecho a una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes”, precisó Hernández.

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En una comunicación enviada a Hernández el 2 de este mes, los padres expresan que esa medida administrativa carece de justificación y que, de concretarse, atentaría contra la estabilidad emocional y académica de los niños, porque los mismos serían retirados del colegio por falta de recursos.

Los afectados aseguran que la medida del colegio afectaría a unos 1,000 niños.

La comunicación fue dirigida, además, a diferentes autoridades del Gobierno, a los cuales solicitan intervengan en el impasse con el centro educativo privado, ubicado en la calle Club Rotario #1, en el ensanche Ozama, en Santo Domingo Este.

Consideran los padres que es obligación del Gobierno proteger a la ciudadanía y garantizarle el derecho a la educación, el bienestar de los niños y aplicar a ley a favor de los consumidores. Indicaron que sus reclamos están amparados en las leyes.