Creen que sus consideraciones solo tienen fuerza de ley, y vinculantes al Estado, si son sometidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

silvio cabrera

s.cabrera@elnacional.com.do

Las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la sentencia que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, no son vinculantes a los poderes estatales ni comprometen al Gobierno en la toma decisiones.

Dichas consideraciones solo tienen fuerza de ley, y como tal vinculantes al Estado, si la CIDH las somete por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este tribunal emite una sentencia condenatoria, lo que hasta el momento no se ha producido.

La Comisión de Derechos Humanos fue creada como organismo consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para actuar como especie de ministerio público ante los jueces de la Corte Interamericana.

Además de ente consultivo de la OEA, la CIDH es la que decide si apodera o no a la Corte de los casos que investiga y de los que someten particulares por ante ese organismo.

En caso de que se produzca un apoderamiento por ante la Corte, la Comisión tendrá que convencer a los jueces de ese tribunal de que es cierto de que en el país se priva de la nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, entre otras violaciones que los comisionados alegan en su informe, leído ayer en rueda de prensa.

Conforme al criterio de la CIDH, la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana y genera apatridia.

A través de un informe sobre los derechos humanos en el país, la Comisión dijo que esa situación provoca una extrema vulnerabilidad para estas personas y se producen violaciones a otros múltiples derechos humanos.

La Comisión sugirió al Gobierno que se garantice el derecho a la nacionalidad de las personas que ya la tenían antes de la Constitución de 2010.

Los miembros de la CIDH estuvieron en el país para observar la situación sobre los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como de otros derechos y problemáticas relacionadas.

Durante la visita, los delegados de la entidad recibieron a 3 mil 994 personas, quienes denunciaron diversas violaciones a sus derechos.

Esta cantidad de casos sobrepasa considerablemente los que recibe el organismo en un año, que ha recibido un máximo de mil 978.

Asimismo, visitaron las provincias Baoruco, Dajabón, Jimaní, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Valverde y constataron la situación de los bateyes.

También sostuvieron reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones a sus derechos humanos y representantes de agencias internacionales. La comisión afirmó que recibió información preocupante sobre graves vulneraciones.