República Dominicana requiere de una legislación que defina un ordenamiento territorial donde se establezcan las áreas del territorio nacional que serán destinadas a la agricultura, minería, foresta, turismo y urbanismo de manera tal que no se produzcan conflictos de intereses al otorgar concesiones para determinados proyectos y posteriormente se declaren los terrenos como áreas protegidas, planteó la Cámara Minero Petrolera (Camipe).
La entidad estimó que ese ordenamiento territorial es un componente básico de la seguridad jurídica.
Los directivos de la entidad plantearon que en el caso particular de la minería, definida por ellos como una “actividad muy volátil y que tienen que considerar muchos factores, de manera que cuando se firma un contrato, hay que tener seguridad de que las reglas no van a cambiar en el tiempo.
Los planteamientos fueron emitidos por los directivos de Camipe participantes en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, encabezados por su presidente José Sena, además de Pedro Esteva, Julio Espaillat, Cristina Tomen y Luis Eduardo Díaz.
Al intervenir en la actividad, Sena, en referencia al ordenamiento territorial dijo que “con este mapa se sabe a ciencia cierta dónde se va a invertir el dinero, lo que ayuda a evitar inconvenientes futuros en cualquier concesión o desarrollo de un proyecto”.
Citaron al respecto el caso de Loma Miranda, concesión dada a la empresa Falconbridge hace más de 50 años y que ahora un movimiento social reclama sea declarado parque nacional.
Otro de los temas debatidos en la actividad está relacionado con el cinco por ciento de las ganancias de las empresas mineras que debe ser entregado a las comunidades circundantes a través de las alcaldías.
La propuesta de la Cámara es que en general, no sólo el cinco por ciento, sino todos los recursos que capte el Estado de la actividad minera sean invertidos en las provincias donde se desarrolla esta actividad, particularmente en iniciativas que generen actividad económica y empleos ajenos a la minería.
Esto, debido a que la actividad minera es perecedera y se trata de evitar que al término de la misma las comunidades donde se desarrolla se queden sin actividad económica sostenible.
“Queremos saber hacia dónde se van a invertir esos recursos, porque sabemos que la minería es un proceso no renovable y los fondos deben transferirse para generar riqueza, empleos y desarrollar las comunidades”, dijo Sena.
La entidad hizo la propuesta de que el país se adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva, instrumento internacional que permite visualizar la utilización de los recursos mineros.
Thomen, dijo al respecto que el ITE permite integración y vigilancia entre los gobiernos, minería y sociedad civil en relación a los fondos que genera la industria.
En el caso particular de Loma Miranda, el presidente de Camipe se mostró de acuerdo con su explotación e indicó que hay una gran falta de información a la ciudadanía sobre ese tema y el impacto que ese proceso tendría en los recursos naturales de la zona, particularmente el nacimiento de ríos.
Opinó que existen los recursos científicos y tecnológicos necesarios para producir una explotación de esos recursos en forma equilibrada con el medio ambiente.
En el caso del oro de San Juan de la Maguana, el ingeniero Espaillat dijo que las exploraciones en la zona se prolongarán otros dos años.
Al momento se ha identificado la existencia de 3.2 millones de onzas.
“Pero existe la posibilidad de que crezca el yacimiento de San Juan a cinco o 10 millones de onzas”, dijo el representante de la empresa Gold Quest, que hace la exploración.
UN APUNTE
Petróleo
Los directivos de Camipe plantearon que el Estado dominicano debe ordenar realizar exploraciones consistentes para determinar si los indicios de yacimientos de petróleo y gas natural, en el Cibao, zona oriental y el valle de San Juan de la Maguana, son económicamente rentables.
