Un empresario venezolano solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que ordene la devolución de un avión incautado en los allanamientos por el fraude de cerca de 2 mil millones de pesos cometido en el Banco Peravia, quien aduce que es de su propiedad y que nada tiene que ver con ese caso.
El venezolano José Basiles adujo ser el dueño de la aeronave en la que supuestamente viajaban los ejecutivos del Banco Peravia, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Basiles adujo que ese avión es de su propiedad y que lo trajo al país para darle el mantenimiento reglamentario, porque en Miami le resultaba más costoso y que vinieron dos pilotos a traerlo y luego se lo llevaron.
Dijo que él había comprado el avión de forma legal y que no tenía nada que ver con el caso Peravia.
Señaló que desde el año 2014 cuando le incautaron la aeronave ha pagado 52 mil dólares en mantenimiento y de hangar.
Según las investigaciones del Ministerio Público los dos ejecutivos viajaban en el avión y varios de los ahorristas supuestamente lo conocen.
Según la investigación, un mes antes de que estallara el escándalo del fraude, Santoro le había puesto una querella al encargado de mantenimiento del avión en la Fiscalía del ensanche La Paz, porque supuestamente le retuvo los papeles de la aeronave, porque el banquero no le pagaba.
En dicha querella Santoro actúa como propietario del avión, el cual fue incautado por la Fiscalía desde 2014.
El Tribunal Constitucional había revocado una decisión de la juez Awilda Reyes Beltré, que ordenó la devolución del avión a Asiles, basado en que la exmagistrada no tenía competencia para ello, porque el caso se encontraba judicializado.
La Fiscalía no reconoce que Santoro vendiera el avión a Asiles, en la audiencia muchos intervinientes, voluntarios solicitaron la devolución de bienes que están en poder del Ministerio Público a raíz de los allanamientos del caso.
Negociaciones
Actualmente se están realizando tasaciones de las propiedades de muchos imputados interesados en negociar con la Fiscalía, a cambio de la suspensión de la pena a imponer en un juicio de fondo.
El abogado César Amadeo Peralta, representante de un grupo de grandes ahorrantes de la quebrada entidad bancaria, ponderó la disposición negociadora de los imputados con el Ministerio Público y las autoridades monetarias.
El jurista entiende que las autoridades devuelvan los ahorros a los afectados de forma más rápida.
