A los jueces del orden penal no se les pide que violenten sus obligaciones de garantizar respeto, protección, seguridad y promoción de los derechos fundamentales; lo que la ciudadanía reclama es que transmitan a la sociedad un claro mensaje de castigo a quienes incurran en la comisión de crímenes y delitos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, ha advertido que un juez no puede renunciar a su misión de garantizar derechos, pero resulta que en estrado se conculcan prerrogativas sustantivas de las víctimas, como la de que no se proclame impunidad por simples tecnicismos jurídicos.

Es obvio que un lenguaje excesivamente garantista como el expresado por el magistrado Germán, aleja posibilidades de que los jueces envíen clara señal mediante sentencias debidamente motivadas y amparadas en la ley y el derecho de que la criminalidad será afrontada con debida voluntad.

Es verdad que el sistema penal no debería ejercer el rol de principal baluarte en la política de seguridad ciudadana, pero tampoco debería escurrirse de sus responsabilidades por laberintos de una supuesta protección a los derechos de los justiciables,

Hay razones válidas y concurrentes que sustentan la percepción ciudadana de que los tribunales de justicia son demasiado permisivos en el tratamiento con los delincuentes, a quienes se protege con un manto de respeto a sus derechos que no alcanza para cubrir a las víctimas.

En todas las sociedades de acendrado respeto a los derechos ciudadanos, corresponde al orden judicial enviar mediante el pronunciamiento de sentencias ejemplares, el desagrado ciudadano frente al auge o tendencia de la criminalidad.

Tiene razón el magistrado Germán Mejía al señalar que si se quiere reales políticas de prevención y atención de la violencia, estas deben ser integrales, pero esa falta imputable a otros actores del sistema, no puede servir de alfombra de excusa para el paso de una justicia que confunde permisibilidad con garantía.

A lo que se aspira es a que los jueces impongan ejemplares condenas como reparación social contra quienes se compruebe la comisión de asesinato, asalto, atraco, feminicidio, sicariato, asociación de malhechores, narcotráfico, secuestro o cualquier otro crimen. Ese es el deber y la obligación.