La Ley General de Salud 42-01 obliga a clínicas y hospitales a prestar servicio de emergencia a todos los ciudadanos que así lo requieran, por lo que hace bien el Ministerio de Salud en investigar si en el caso del exguerrillero Claudio Caamaño se violó esa prerrogativa con rango constitucional.
Caamaño falleció a causa de graves lesiones sufridas durante un accidente de tránsito en la autopista Baní-San Cristóbal. Sus familiares denunciaron que el paciente no fue admitido en las emergencias de cuatro centros asistenciales.

Entre las causas para remitir al accidentado a otro hospital se alegó la ausencia de un médico cirujano o la falta de cupo en la sala de cuidados intensivos, aunque en uno de los centros se dijo que el paciente fue estabilizado antes de su traslado.

La penosa realidad ha sido que el excombatiente constitucionalista murió después de un inexplicable peregrinar de sus familiares en infructuoso esfuerzo por salvarle la vida.

El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto, dijo que lo ocurrido con Claudio Caamaño se presenta de manera periódica en los centros asistenciales del país, admisión que obliga a las autoridades a subsanar de raíz una situación inadmisible.

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, ha llamado la atención en torno a la interpretación de la ley que obliga a esos establecimientos a prestar atención de emergencia, al señalar que ese servicio no incluye salas de cuidados intensivos ni de cirugía.

Lo cierto es que en la mayoría de las clínicas privadas “se rebotan” a otros hospitales pacientes en situación de emergencias, que no pueden ofrecer garantía de pago por los servicios prestados, aunque se admite que en muchos casos, los médicos procuran estabilizar el cuadro de salud del accidentado.

Tal y como ha señalado la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, “La atención de emergencia a pacientes en estado crítico es un tema de ley y de derecho que no está en discusión”, por lo que se requiere poner fin de inmediato a la vergonzante práctica en muchas clínicas y hospitales, de “rebotar” a los enfermos graves.