La violencia y la delincuencia que sobrecoge hoy a los más de 500 millones de personas que habitan en los pueblos de América Latina y el Caribe están sangrando de forma inmisericorde la economía y anatomía social de esas colectividades humanas.

Los recursos económicos que se vuelcan cada año para combatir estas dos actividades están impidiendo que más de 167 millones de almas, el 29,4% de la población total de la Región, rompan de manera definitiva con el circulo de pobreza que las ahoga desde hace décadas.

Estos dos dispositivos han tomando tanto espacio en el cuerpo social de los Estados latinoamericanos y caribeños que sus ciudadanos están siendo víctimas de sus actores y acciones a los cuales cada vez más reduce económica y espiritualmente.

Esta realidad se hace palpable en los datos revelados recientemente por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe CEPAL donde cita las deplorables condiciones de pobreza que actualmente alcanza esta zona del mundo producto de los enormes recursos económicos que tiene que destinar para el combate del flagelo de la violencia y la delincuencia .

Para que tengamos una idea de los efectos económicos demoledores que causan la violencia y la delincuencia en las economías de los pueblos de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) calcula que el costo de esas dos actividades fluctúa entre un 2 y 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Este dinero se gasta en las acciones que tienen que poner en marcha los Estados como los incrementos de policías y sus equipamientos, los patrullajes, los costos de los procesos judiciales, servicios legales, y construcción de infraestructura carcelaria.

También, se destina una buena suma de dinero para la atención de emergencias en hospitales y otros centros de salud, atención psicológica y otras formas de atención a las víctimas, el costo de los seguros y las bajas en la productividad.

Hay que señalar el dinero que se deja de percibir por los daños que se le ocasiona a dos elementos generadores de divisas para economía de esos países como son la salida de inversionistas extranjeros y nacionales, así como el alejamiento o caída del turismo.

Pero lo que es peor, la violencia y la delincuencia no sólo alcanzan la parte económica, si no que se manifiestan en lo social y político ya que impacta sobre la calidad de vida, con más temor; sobre la convivencia cívica, con menores grados de confianza; en la convivencia democrática, con mayor desafección; en las inversiones privadas, con un retraimiento.

Asimismo, en el gasto de seguridad, más gasto público y privado; en el espacio público, con el abandono; en las políticas públicas, incrementando las complejidades de la gestión y los diseños institucionales; sobre las decisiones, generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad; entre otros.

Estos indicadores económicos demuestran de manera clara, que los Estados están destinando una buena parte de su presupuesto estatal para prevenir, atenuar y reprimir la violencia y la delincuencia y no a políticas sociales que vayan a impactar postivamente en el desarrollo humano.

Definitivamente, hay que resolver estos dos temas esenciales para la vida de las personas, al igual que los problemas de la educación, salud, vivienda y trabajo decente, si es que se quiere desterrar la cultura de la exclusión social que ha estado truncando el desarrollo humano en América Latina y el Caribe.

Los actores de cada uno de los países que integran los más de 30 Estados latinoamericanos y caribeños junto a sus ciudadanos deben empoderarse más y, concertar políticas públicas nacionales e internacionales que fomenten la cohesión social.