Más que un ejercicio dialogante, Gobierno, empresariado y clase política parecen involucrados en modalidades de confrontación con el propósito de obtener ventajas o mayor concentración de poder, sin que se evidencie voluntad de las partes en colocar al bien común como centro de las discusiones.

Desde litorales de grupos fácticos y mediáticos se considera que el diálogo político debería centrarse en las negociaciones sobre la conformación de las altas cortes, así como con las leyes de Partidos y Electoral, en el entendido de que un reclamado equilibrio garantiza democracia y transparencia.

En el Gobierno se promueve la necesidad de un pacto eléctrico para poder afrontar una crisis que ha sido causa de transferencias desde el Presupuesto general del Estado por casi 15 mil millones de dólares para conjurar el déficit de ese sector en los últimos 12 años.

La oposición política, gremios empresariales y mentada sociedad civil centran esfuerzos en el reclamo de que en las altas cortes se designen personas “apartidistas” y que se les permita participación en señalar posibles incumbentes, pero desde el Congreso Nacional se advierte que no delegarán la potestad de producir esos nombramientos.

El Poder Ejecutivo ha dado muestras de estar más interesado en reducir la incidencia de la evasión y elusión fiscal para poder alcanzar mayores ingresos y emprender iniciativas que reclaman elevado financiamiento, pero se define como casi imposible que aflore algún tipo de voluntad para concertar un pacto de fiscalidad.

Los actores políticos, económicos y sociales ofrecen la impresión de que están involucrados en un gran activismo dialogante, pero la verdad es que hasta el momento no han podido siquiera literalmente comunicarse en el mismo idioma.

No hay dudas de que la democracia saldría altamente fortalecida si Gobierno, Congreso, partidos y empresariado logran un acuerdo sobre conformación de altas cortes, Ley Electoral y de organizaciones políticas pero también se requiere consenso sobre el sector eléctrico, cuya crisis ha sido el causante principal del déficit fiscal.

El Gobierno administra y pretende distribuir un ingreso mermado por la evasión y elusión fiscal, que en ningún modo representa el portentoso crecimiento de la economía, por lo que hace falta que en el circo dialogante se incluya la voltereta de la fiscalidad.