El Senado ha enviado a estudio de una comisión especial el controvertido proyecto de ley que convocaría a la Asamblea Nacional Revisora con el propósito de reinstaurar la reelección presidencial, decisión que contó con la aprobación de 29, de los 31 senadores presentes.

Esa comisión, cuyos integrantes serán designados por la presidenta del hemiciclo, Cristina Lizardo, tendrá a su cargo rendir un informe sobre la pertinencia o no de esa iniciativa, previo a lo cual escucharía ponderaciones de representantes de los diversos sectores sociales y políticos.

Es preciso señalar que desde el momento en que el Congreso asume de manera formal el conocimiento de ese proyecto, su evaluación o balotaje sale de la égida exclusiva del Partido de la Liberación Dominicana y del Gobierno para ser discutido de manera plena y activa por toda la sociedad.

Aun cuando el PLD cuenta con mayoría absoluta en el Senado y relativa en la Cámara de Diputados, es preciso advertir que el Congreso de la República representa el primer Poder del Estado, y por consiguiente un ente vinculado de manera absoluta y directa con los intereses de la nación.

Se admite que corresponde al PLD resolver el impasse político surgido con la decisión de su Comité Político de procurar modificar del Texto Sustantivo para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, pero es claro que ya apoderado del citado proyecto, el Congreso debe voltear rostro hacia la sociedad.

Bueno sería que esa comisión especial escuche de propia voz de genuinos representantes del abanico social los pros y contras de esa iniciativa y se establezca con toda claridad si cuenta con el debido consenso, no solo en el partido oficial, sino también en el cuadrante nacional.

La titular del Senado ha actuado con toda corrección al proponer que ese proyecto de ley sea revisado por una comisión especial, y se resalta también que la casi totalidad de los senadores ofrecieron aquiescencia a ese procedimiento.

En cualquier dirección sobre la cual el Gobierno y el partido oficial intenten encaminar sus pasos de cara a las elecciones de 2016, están en obligación de cumplir con las formalidades de ley y permitir que la sociedad toda participe con voz y voto en la discusión sobre un tema de tanta trascendencia como sin duda lo es la propuesta de modificar la Constitución de la República.