Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, destacó que el Ministerio Público logró 29 condenas en el proceso derivado de la Operación Antipulpo, aunque confió en que en la apelación el Poder Judicial imponga sanciones más severas, acordes con la magnitud de los hechos probados.

“Estamos hablando de que este proceso produce al menos 29 condenas. Yo como fiscal, siempre he sido franco, no pretendo dejarlo de ser ahora, quería un poco más. Sí, quería un poco más, pero eso no significa que no hayamos obtenido mucho”, afirmó en entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames, en ocasión del décimo aniversario de Acento TV.

Camacho resaltó que el Ministerio Público probó todas las imputaciones presentadas en el expediente: soborno, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, lavado de activos y otros hechos que sostuvieron la acusación.

“El Ministerio Público, que tiene la obligación y la carga de la prueba, cumplió con su parte. Ahora, nosotros no podemos decidir qué penas se les imponen a las personas. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial”, expresó Wilson Camacho.

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El procurador adjunto subrayó la condena al cabecilla del entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente de la República para cometer los actos de corrupción.

Recordó que las maniobras ilícitas afectaron a entidades sensibles del Estado, como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y las distribuidoras eléctricas.

Camacho aseguró que las pruebas presentadas por los fiscales no dejan “espacio por donde escaparse”, lo que garantiza que los procesos por corrupción concluyan en condenas. “No dejamos una sola afirmación sin prueba. Cada afirmación que hacemos en el proceso la hacemos con una prueba”, enfatizó.

Sobre la apelación que interpondrá el Ministerio Público tras la lectura íntegra de la sentencia, pautada para el 25 de septiembre, reiteró que espera mayor contundencia del sistema judicial: “Lo que esperamos es que el sistema de justicia sea coherente con los hechos probados, con las pruebas aportadas y con el daño causado. Y ese daño solo permite, en derecho, un aumento de la pena”.

El procurador recordó que desde 2020, bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, la estrategia cambió hacia el desmantelamiento de estructuras completas de corrupción, lo que ha hecho los casos más complejos y voluminosos.

Finalmente, Wilson Camacho llamó a que cada órgano del sistema de justicia asuma su rol con responsabilidad: “Nosotros no pretendemos que los jueces nos ayuden ni que se vulnere el debido proceso. Queremos que se lleve correctamente. Pero una vez el hecho está probado, la sanción tiene que ser ejemplar. El mensaje tiene que ser claro a los funcionarios: ustedes tienen que cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar”.