El Día del Poder Judicial se conmemora hoy con una administración de justicia deficiente, costosa y excluyente, caracterizada por la frecuente emisión de fallos cuestionables que la convierten en huérfana de la confianza ciudadana. Titulares del Ministerio Público y de instituciones a cargo del orden público, como la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se quejan de lo que definen como lenidad judicial expresada en sentencias de libertad o variación de medidas de coerción en favor de prevenidos por infracciones criminales.

La báscula de la justicia parece inclinarse en favor de procesados o intervinientes con poder o recursos y siempre en perjuicio de quienes carecen de nombradía para que la diosa Temis les preste la más mínima atención en los tribunales de la República. El orden judicial ha sido zarandeado por la renuncia de numerosos jueces a causa de los bajos salarios que perciben que coloca a los magistrados en condiciones de debilidad ante afrentosas ofertas del oro corruptor de impotencia para emitir sentencias ejemplares contra delincuentes de cuello blanco.

El Gobierno carece de autoridad moral para llamar la atención de la judicatura por sus extravíos, pues incumple con la ley 194-04 que establece la asignación al Poder Judicial de un porcentaje del monto del Presupuesto General del Estado. Por carecer de recursos, el Programa de Defensoría Pública ha limitado la prestación de asistencia legal a prevenidos que carecen de dinero para contratar un abogado, lo que constituye una violación a un derecho inalienable y demostración de que el servicio judicial es todavía deficiente, costoso y excluyente.

No se niega que la justicia ha experimentado avances por vía de sucesivas reformas que la han dotado de moderno instrumental jurídico y procesal, así como de escuelas de la magistratura y del Ministerio Público, pero es menester advertir que falta mucho camino por recorrer.

La sociedad aspira a que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley que asigna el 2.66 por ciento a la Suprema Corte de Justicia, que se construyan nuevos palacios de justicia o se remodelen los que están en mal estado, que se aumenten los salarios de los servidores judiciales y que se continúe con las reformas judiciales. Y haréis justicia.