El presidente del Colegio Médico ha formulado una oportuna exhortación a autoridades y población para encaminar una campaña nacional de prevención del virus zika, transmitido por el mosquito también portador del dengue y de la Chikunguya, que causan estragos en naciones de Suramérica y Centroamérica.
Ante la posibilidad de que ese virus ingrese a territorio dominicano, el doctor Pedro Sing aconseja ejecutar cuanto antes una campaña educativa para eliminar criaderos del mosquito vector Aedes Aegypti y evitar que el mal se vuelva epidémico.
El zika causa erupción de la piel, fiebre, conjuntivitis, dolores de cabeza y en la parte posterior de los ojos, aunque se diagnostica como enfermedad benigna que no se transmite de persona a persona, es motivo de ausentismo laboral o de agravamiento de otros padecimientos en niños y envejecientes.
Aunque el Ministerio de Salud Pública mantiene una vigilancia activa para evitar el ingreso y propagación de este virus, hay que advertir que el mosquito vector del dengue y la chikunguya, que han provocado este año la muerte de al menos veinte personas, es el mismo que trasmite el zika.
Ante el inicio hoy de la temporada ciclónica o periodo de lluvias, se requiere con extrema urgencia que autoridades y población participen de manera activa en la eliminación de todos los criaderos de mosquitos.
Sin presión
A poco más de dos semanas para vencer el plazo del Plan Nacional de Regularización Migratoria, ya se adelanta que República Dominicana sería sentada en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en nueva escalada de ignominia contra el gentilicio nacional.
El Estado dominicano ha hecho hasta lo imposible para que una innominada población de extranjeros indocumentados se acoja a la ley, pero, por falta imputable al Gobierno haitiano, la mayoría de esos ciudadanos carecen de documentos de identidad, tales como cédula, acta de nacimiento o pasaporte, lo que se erige como obstáculo para proceder a su regularización.
El Gobierno sabrá reivindicar ante cualquier escenario internacional el derecho que le asiste a aplicar la ley migratoria, con garantía y respeto a los derechos de los indocumentados, pero sin aceptar presiones de nadie.