En su informe 2017 sobre derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) describe un difuso panorama en República Dominicana que asemeja a esta nación a la Sudáfrica del Apartheid o a algún Estado africano donde impere la represión tribal.
Esa agencia ha señalado que el país “continuó incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” respecto a “un gran número de personas apátridas” a las que se privó “de manera arbitraria y retroactiva” de la nacionalidad dominicana.
Es claro que Amnistía Internacional ni ninguna otra representación de intereses imperiales aceptará que un Estado pequeño y débil procure ejercer eso que llaman soberanía y menos en el caso dominicano que las grandes metrópolis presionan para que sea uno e indivisible.
El Tribunal Constitucional reivindicó el principio sustantivo reiterado por el Constituyente desde 1929 respecto a la nacionalidad, en virtud de la cual los nacidos en territorio nacional hijos de indocumentados no son dominicanos, sino de la nación de sus padres.
Esa ONG tampoco dice que la sentencia del TC ni en la ley 169-14 se declara ningún tipo de apátrida o despojo de nacionalidad, sino que se dispuso regularizar la situación de ciudadanos que al momento de la vigencia de ambos estatutos jurídicos estuviesen en condición migratoria irregular.
En obediencia al edicto del Tribunal Constitucional y de la ley adjetiva, el Gobierno, con recursos del Presupuesto Nacional, ejecutó durante dos años un vasto programa encaminado a proveer de documentación legal a ciudadanos extranjeros que residen aquí en situación migratoria irregular.
Son válidas las críticas de AI en torno a la posible lentitud de ese proceso, pero es injusto que toda la culpa se impute a las autoridades dominicanas, sin mencionar que la mayoría de los indocumentados haitianos carecen de algún documento de identidad que ha debido ser suministrado por el Gobierno de Haití.
El Tribunal Constitucional, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han ejercido a plenitud atribuciones absolutamente apegadas a los principios de independencia, soberanía y autodeterminación, así como en estricto respeto a normas internacionales y a los derechos humanos. Así es y así debe ser.
