Los auditores cancelados por la Cámara de Cuentas rechazaron este lunes que violaran la ley 41-08 que instituye el Régimen Ético y Disciplinario, como dejara entrever la presidenta del organismo, doctora Licelot Marte de Barrios, y defendieron su honestidad y moral durante sus funciones.
Explican en nota remitida a El Nacional que durante sus funciones combinaron de forma óptima los principios aplicando las guías de auditoría elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cámara de Cuentas, y otras entidades internacionales.
Para ingresar a la Cámara de Cuentas fueron capacitados, evaluados y calificados por organismos internacionales, y negamos que fuéramos sometidos a evaluaciones de desempeños, y retamos a las doctora Marte de Barrios y al director de Auditoría, licenciado Jorge Enrique Ventura Diloné, a publicar la evaluación técnica, para justificar nuestra separación de nuestros empleos, exponen.
Precisan que la acción busca invalidarlos para evitar que sigan ejerciendo de manera digna e insobornable su profesión, pero que a la vez están afectando a sus familiares.
Insisten en reclamar sus indemnizaciones como otros 150 auditores cancelados desde el pasado 9 de octubre del 2009 al 25 de febrero pasado, violando el plazo de los 90 días, razón por lo que se han visto precisados a demandar legalmente la Cámara de Cuentas.
Entienden que debe explicarse quienes fueron los que practicaron las 162 auditorías que sirvieron para elaborar el informe del 2009, entregado al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.
Piden explicar las reales razones para cancelar o cambiar a más de 200 auditores en plena labor de terminación y ejecución en las entidades públicas, los cuales tenían más de 20 años laborando, para ahora contratar firmas privadas para esa labor.
Personal más calificado
La doctora Licelot Marte de Barrios tras cancelar los auditores dijo que de esa forma la Cámara de Cuentas ha de proceder y está procediendo con todo el personal que labora, a los fines de mantener y obtener mejores recursos humanos, conforme lo establece la ley, de que sea altamente calificado para que presten un servicio apegado a la ética, la moral y la transparencia.
