Las declaraciones del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que el caso Odebrecht no alcanza ni afecta al presidente Danilo Medina ni a los expresidentes de la República, Hipólito Mejía y Leonel Fernández, es un reflejo de la debilidad institucional que existe en el país provocada por el PLD (Partido de la Liberación Dominicana) desde el poder.
En una nación como la nuestra donde el poder del Presidente de la República es omnipresente, cuesta mucho pensar que Odebrecht instalara su “Departamento de Operaciones Estructuradas” o “Caja B” en el país, sin contar con el conocimiento previo del presidente. Nadie está por encima de la ley.
Basta con analizar el contexto latinoamericano para concluir que en los países afectados por la corrupción de Odebrecht, los presidentes no han escapado a ser investigados, y en casos muy notables, ya algunos de ellos guardan prisión, sin dejar de mencionar a los funcionarios y políticos que también están hoy detenidos. Por ejemplo, en Perú, el caso Odebrecht provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo están siendo procesados por la justicia peruana.
En Brasil, más de un centenar de políticos detenidos, incluyendo el expresidente Lula da Silva
En el caso dominicano, importante es preguntarnos, si solo se cree que Odebrecht únicamente estaría involucrada en los sobornos de US$92 millones de dólares.
La mejor demostración de que estos sobornos son apenas la punta del iceberg está en el hecho del costo extraordinario de las obras de Odebrecht en el país, que en muchos de los casos, duplicó y triplicó su costo original.
Y, por supuesto, nos resta lo que ha significado la construcción de Punta Catalina, en donde ahora resulta que Odebrecht le está cobrando al gobierno dominicano más de US$700 millones en exceso.
Por último, hay que considerar los aportes en campaña que hizo Odebrecht en violación a la ley electoral que prohíbe a empresas extranjeras hacer donaciones a partidos políticos.
Mientras otros países están demostrando que sus instituciones funcionan, como lo es también España, en donde la justicia acaba de condenar no solo a los funcionarios del Partido Popular por el caso Gürtel, sino que hay una condena a ese partido al pago de indemnización, lo que coloca a ese gobierno en la cuerda floja.
Los próximos días indicarán si el caso Odebrecht seguirá la misma ruta de los casos de corrupción sin sanción. De algo estoy seguro.
Este caso solo concluirá cuando los verdaderos responsables sean traducidos a la justicia independiente e imparcial. Veremos.
