San Juan, Puerto Rico. La jueza del estado de Nueva York Laura Tayler Swain abrió a media mañana de hoy en el tribunal federal el proceso de bancarrota del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) luego que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciara que el gobierno se acogía al Código de Quiebras de Estados Unidos, denominado Título III, contenido en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
La jueza atenderá los reclamos de los bonistas e inversionistas del ELA en una vista preliminar que podría extenderse entrada las horas de la tarde de hoy, con la representación de abogados del gobierno, de los bonistas y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada bajo la ley Promesa.
Se resaltó que lo que estará sobre la mesa, en un largo proceso que se extendería por largo tiempo, serán los haberes de la administración pública, la incapacidad de pago a los acreedores y los argumentos de bonistas en reclamo de miles de millones de dólares que prestaron al Estado.
En ese sentido, la JSF pidió que ante la complejidad de los asuntos y asimismo el manejo esperado de miles de bonistas, se atiendan los reclamos de manera conjunta.
Se citó que Puerto Rico, con una acumulación de unos 72 mil millones de dólares en deuda, surgida en su mayor parte mediante emisiones de bonos, se coloca entre los mayores emisores de deuda.
Se resaltó que la mayor quiebra municipal era la de la ciudad de Detroit, con unos 18 mil millones de dólares.
Explicó que con la declaración de quiebra, el gobierno de Rosselló Nevares busca proteger el financiamiento de sus servicios apremiantes, dinero que dijo podría ir en gran medida al servicio de la deuda.
