La prensa acaba de hacerse eco del estudio “Efectos extendidos de los feminicidios en las familias que acogen a los hijos e hijas de las víctimas, en la provincia Peravia (2007-2012)”, de la autoría de la Dra. Sheila Báez, y publicado en la compilación “Miradas Desencadenantes”, del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, CEG/INTEC.
El trabajo de la Dra. Báez nos recuerda la precariedad de nuestro sistema de atención a la Violencia Basada en el Género contra las mujeres, las niñas y los niños, incapaz de establecer programas interinstitucionales vinculados y en coordinación, desde las políticas públicas del Estado.
Justamente, la semana pasada, la Fiscalía en Santiago, clausuró el Sexto Campamento de Verano 2017, del Programa de Apoyo a Niños y Niñas Víctimas de Violencia y Criminalidad, que funciona en Santiago desde 2008 y trabaja con estos niños, niñas y adolescentes, en épocas especiales, como vacaciones escolares, fiestas generales y de fin de año.
En verano, organizan un campamento de una semana, con el apoyo externo de diferentes organizaciones, empresas y comercios, para llevar orientación y sana diversión a estas víctimas colaterales y directas de los hechos vinculados a la violencia y la criminalidad.
Pero estos programas, son solo una suma de actividades puntuales en el año, realizadas con la generosidad de la sociedad, como una especie de aporte “caritativo”, sin que consten en los presupuestos oficiales. Y mientras algo no está visibilizado en el presupuesto, no existe.
En el país, hay una especie de legalización de la corrupción que desvía los recursos nacionales hacía los bolsillos de la corruptela política, y no para la gente. En este escenario sociopolítico y económico, el crimen organizado se fortalece, produciendo acciones corruptas en todo el sistema, sea administrativa, judicial, policial, empresarial, hasta volverse una epidemia.
El dinero nacional no alcanza para establecer programas gubernamentales de apoyo a las calamidades sociales, porque se lo llevan, políticos y políticas, “entre las uñas”, y cada vez más, la ciudadanía, tenemos la sensación de una desprotección muy grande que nos hace vivir en la inseguridad.
Por ejemplo, en 2012, más de 480 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de los 196 feminicidios ocurridos ese año. Qué es de esos niños, niñas y adolescentes?
Mientras nos preguntamos acerca de la precariedad de recursos para establecer programas que prevengan efectos negativos en estas víctimas colaterales de los crímenes en el país, seguimos mirando cómo la corrupción política, impunemente, deja las arcas del Estado dominicano vacías.
