La compra sobrevaluada de los Súper-Tucano, bajo soborno de Embraer brasileña, es un caso del expresidente Fernández, de jefaturas de turno de fuerzas armadas y fuerza aérea, y encumbrados legisladores leonelistas y danilistas, perfectamente identificables.

La operación judicial que excluye a los tutumpotes de esa estafa y concentra temporalmente las culpas en el coronel Picini, solo puede ser obra de un pacto de impunidad entre “jefes” y cúpulas de facciones corruptas del PLD.

El caso Odebrecht es un caso compartido por dos expresidentes y el presidente de turno, confesado así por la propia corporación mafiosa. En cuanto a monto de sobrevaluaciones y Punta Catalina, es el escándalo que tiene en jaque a Danilo y su claque.

La descarada puesta en libertad de las dos principales figuras del “encarte judicial” de los sobornos de Odebrecht, tiene las características de una transacción entre el Presidente de la República y el presidente del partido de gobierno; en la que este último, desde su propio interés de quedar impune, le concede igual “derecho” al primero en ese tema crucial.

Ambos casos fueron negociados en conjunto, siguiendo las pautas de tratamiento oficial a hechos tan comprometedores como la corrupción en OISOE, Hospital Darío Contreras, Tres Brazos, CEA, Metro-Diandino…

Actúa en ellos el chantaje soterrado de los excluidos y favorecidos por la venalidad judicial, combinando expedientes fallidos, control de fiscales e instrumentalización de jueces. Usados primero para evadir, después “allantar” y luego desinflar y disolver los procesos penales.

Cogollos policiales-militares, Cámara de Cuentas, Ministerio Público y tribunales dóciles a una u otra facción entran en ese juego perverso por “órdenes superiores”. Las facciones compiten y pactan, procurando que “la sangre no llegue al río” a fin de garantizar la sobrevivencia impune del conjunto, sacrificando temporalmente una u otra ficha menor.

No olvidemos que en estos dos casos recientes están comprometidos personeros que conocen intríngulis de la podredumbre oficial: lobistas, empresarios, militares, legisladores y dirigentes políticos de alto calibre.

Y eso es tan tal que es difícil concebir a Rondón o a Díaz Rúa presos y condenados, con Leonel y Danilo pasándola tranquilamente. Es obvio que si dejan presos y condenan a los dos primeros, se joden los dos segundo, quienes son los mayores responsables de esa corrupción gubernamental.

El problema para todos ellos es que el pueblo va arribando al trascendente consenso de que hay que bajarlos a todos.