La Constitución que el Partido de la Liberación Dominicana le dio al país en el 2010 y que poco después modificó para permitir la reelección de Danilo Medina, dice que ningún funcionario puede hacer negocios con el Estado, ni favorecer a terceros, sean parientes, amigos o relacionados; que nadie puede ser ministro y empresario al mismo tiempo.
El artículo 135 establece que “los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses”. (Más claro, ni el agua).
Según los documentos que ha mostrado el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, no solo incrementó el número de empresas, sino que su fortuna creció como la verdolaga a partir del 2012, cuando fue designado.
“Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus funciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
“De igual forma, dice la Carta Magna, será sancionada toda persona que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
La creación de Abonos Dominicanos que según los documentos que posee Faña, fue en 2013 por Peralta en sociedad con el ministro de Agricultura, con un capital inicial de 10 millones, hoy tiene más de cien millones de pesos. Otras compañías nacieron en el poder. Pero la más beneficiada es Agro Comercial Import.¡Sus ganancias son espectaculares!
Las denuncias de Faña están basadas en informaciones irrefutables que les suministraron los organismos del Estado. Además, no es Faña el único en quejarse y hasta querellarse contra el súper ministro.
Recordemos que Lácteos Dominicanos le hizo acusaciones junto a otros funcionarios y solicitó una indemnización de 500 millones de pesos por daños y perjuicios.
En aras de la transparencia y el cumplimiento de la ley, el presidente Danilo Medina debió ordenarle al Procurador Jean Alain Rodríguez una investigación sobre las denuncias de productores y empresarios agrícolas y de la empresa Lácteos Dominicanos. Pero no lo hizo.
El artículo 146 dice que es obligatoria “la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”.
Danilo dijo en Barahona, a finales del 2011, que cancelaria a cualquier funcionario “hasta por el rumor público.
