El procurador fiscal de la provincia La Romana, José Antonio Polanco, no descartó citar para interrogatorios al presidente de la Coca Coca en Puerto Rico, el boricua Alberto de la Cruz, y al empresario norteamericano Rogelio Oruña, propietarios de dos villas y de un yate retenidos por las autoridades durante el decomiso de 3 millones 332 mil 675 dólares en una villa del complejo turístico Casa de Campo, en esa provincia.
En declaraciones vía telefónica a El Nacional, Polanco afirmó que las investigaciones en torno a la incautación del dinero y los bienes continúa, por lo que si los datos obtenidos lo requieren, estos serían citados para ser interrogados en torno al grupo de dominicanos atrapados el fin de semana, que es vinculado a una red internacional de narcotráfico.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento no hay elementos que los vinculen con las operaciones de la red, que según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), era liderada en el país por el exoficial de la Marina de Guerra y exmiembro del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) Fausto Ernesto Severino Marte, apresado junto a otros seis dominicanos, incluido un capitán de un catamarán, cuya propiedad se atribuye al ejecutivo de la Coca Cola en Puerto Rico.
Los demás implicados en la red son Herminio Mercedes, Alan Luis Quezada Santiago, Damián Enrique Rijo Brito, Juan Ubiera Mercedes, Yunior Silvestre Silvestre y Henri Manuel Ruiz.
Ayer el presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, junto al fiscal José Antonio Polanco, presentaron los fardos de papeletas confiscados y los recipientes que los contenían, dos neveras playeras y varios bultos, que estaban en la villa del ciudadano norteamericano Rogelio Oruña.
Rosado Mateo dijo que las autoridades retienen las dos villas propiedad de los extranjeros, así como el catamarán Maxum Liquid Road Harbord BR1, propiedad también del puertorriqueño Alberto de la Cruz, además de algunos otros yates de lujo y una yipeta en la que se retiraría el dinero.
Aplazan coerción
El fiscal Polanco informó este martes que la jueza de Atención Permanente de La Romana, Aristilda Mercedes, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de las medidas de coerción contra Severino Marte y demás integrantes del grupo detenido por el decomiso de los 3.3 millones de dólares.
Explicó que el magistrado acogió una petición de los abogados de la defensa de algunos, mientras otros alegaron que no tenían representantes legales, por lo cual plantearon el aplazamiento.
