Ataque a la razón
Si el dogmatismo y la fe ciega se apresuran a llenar el vacío dejado por la razón, también permiten el ejercicio de nuevas formas de poder más arbitrarias y menos derivadas del consentimiento de los gobernados, afirma Al Gore en su libro El ataque contra la razón.
Cuando el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez llama carniceros y mercaderes de la vida a los médicos y legisladores que apoyan, en los casos de vida o muerte, que a la madre se le practique un aborto terapéutico como forma de salvar su vida, simplemente ataca a la razón. Es la forma inquisitoria que utiliza el prelado para ofuscar a los fieles, para impedir que éstos tomen decisiones y se autogobiernen, como dice Al Gore, con base a las dos hijas gemelas de la razón, la ciencia y la ley.
Con los estigmas lanzados a los médicos y a los legisladores que, por humanidad, ciencia, razón y ley, apoyan la despenalización del aborto terapéutico para salvar a la madre o la niña violada, el arzobispo recurre al viejo método utilizado en el pasado por el poder clerical de recurrir al miedo, los prejuicios, inducir a la fe ciega para controlar a sus fieles.
¿Sabe la comunidad católica dominicana que lo que está en juego en estos momentos es el derecho de la madre a seguir viviendo? ¿Ha explicado el Cardenal a las personas que conforman su rebaño que lo que reclama la Iglesia es que el médico deje morir a su hermana, a su hija, a su esposa, en caso de que tenga que decidir entre el feto o la madre? ¿Les ha dicho que si se constitucionaliza la criminalización del aborto terapéutico, el médico, bajo amenaza de caer preso por homicidio, deberá dejar morir a su hija, a su esposa, a su hermana o a su madre?
No lo ha hecho, porque su propósito es atacar a la razón. Y frente a la ausencia de la razón, gana terreno el argumento simplista que desprecia los datos reales, como las alarmantes cifras de mortalidad materna (159 por cada 100,000 nacidos vivos, según Endesa 2007), entre cuyas causas, el aborto ocupa el tercer lugar. Las dos primeras en muchos casos se podrían evitar con una oportuna interrupción del embarazo.
Se estima que en nuestro país se practican cuatro abortos por cada 10 nacidos vivos. Una de cada cuatro dominicanas, que habían tenido un aborto inducido, podría ser hospitalizada para el tratamiento de las complicaciones (Instituto Alan Guttmacher). Estas estimaciones son de suma importancia, porque ayudan a cuantificar el peso que los servicios de atención del aborto imponen a nuestro sistema hospitalario, y demuestran también que gran número de mujeres que se provocan abortos no son contabilizadas porque no necesitan o no buscan tratamiento en un hospital.
Los legisladores deben aprobar la propuesta de las comisiones de salud y de género de la Cámara de Diputados para que el artículo 30 de la Constitución exprese: El Estado reconoce y garantiza el derecho a la vida, promoverá su protección y disfrute con la más alta dignidad. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. Quienes abogan por el respeto de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte, olvidan que a veces, en un recodo de ese recorrido, que es el parto, la madre puede fallecer.
