Las declaraciones del presidente Medina la semana pasada de que la estabilidad macroeconómica es sostenida por magia de parte del Estado, son sorpresivas, ya que en gran medida repiten exactamente lo que ha venido diciendo el Poder Ejecutivo desde el 2005. Si todas las reformas fiscales de los últimos 13 años que han buscado aumentar la presión tributaria incrementando los impuestos han fracasado, quizás es tiempo de que el Estado ponga a un lado la magia y pruebe ahora con lo que nunca se ha hecho.
La tolerancia social a más impuestos es evidentemente baja. La tasa del Impuesto Sobre la Renta a personas morales (la mayoría de los empleadores) es extremadamente alta, al igual que la del Impuesto de Transferencia de Bienes y Servicios, a los activos y los impuestos selectivos al consumo de ciertos bienes, esto sin incluir necedades tributarias como el anticipo. Adicionalmente, la carga sobre los empleadores en la seguridad social es muy elevada, y ya estos asumen enteramente el costo del auxilio de desempleo, que es alto.
Por otro lado, solo las exoneraciones impositivas se calculan en aproximadamente 25% del Presupuesto Nacional. La existencia misma de esas exoneraciones masivas debiera ser un aviso al Estado de que sus políticas fiscales constituyen un importante obstáculo para la productividad y la creación de empleo, ya que sin esas exoneraciones, sectores enteros de la economía no sobrevivirían. Esto, naturalmente, obliga a suplir esa deficiencia con subsidios.
La tasa del Impuesto Sobre la Renta de personas morales debe ser progresivamente reducida hasta quedar entre un 10% o 15%, al igual que el ITBIS, que no debiera ser mayor a un 12%, eliminándose adicionalmente el impuesto del 1% a los activos y el cobro de anticipos. Esto se debe acompañar con la derogación progresiva de todas las leyes que otorguen algún tipo de exoneración impositiva, y la reducción de los subsidios.
Se debe atacar frontalmente la informalidad, reduciendo a su mínima expresión los costos de registros y simplificando los procedimientos de cumplimiento de obligaciones con el Estado para los micro y pequeños negocios, al mismo tiempo que se refuerce la persecución de la evasión tributaria.
Adicionalmente se deben derogar todas las disposiciones legislativas que imponen rigideces en el presupuesto, acompañado con una eliminación de entidades estatales con funciones duplicadas o inútiles, venta de activos del Estado y una nueva, profunda y transparente ola de privatizaciones. Hay que abrir el país a las inversiones y garantizar que las reglas de juego no serán cambiadas de un día al siguiente.
No es magia, es lo que nunca se ha hecho en República Dominicana, y es justo lo que han hecho todos los países que han logrado escapar del subdesarrollo en los últimos 100 años, aunque les duela a los socialistas de siempre.
