“El Lado Oscuro de la Sund Land” fue un libro que generó percepción de contener pruebas de una operación en la cual, a partir de su lectura, se concluía que el patrimonio público había sido lesionado. Su autor y prologuista defendían su trabajo, exhortando al Ministerio Público a usarlo para someter un Senador.
Al legislador demandarlos por difamación e injuria, personas se nuclearon al lado de aquellos para solidarizarse y contribuir con el costo de su defensa.
De repente, esa población es sorprendida con la información de que, desde julio, los autores suscribieron un insólito Acuerdo con el demandante que, pese a esfuerzos de los demandados por negarlo, representa una retractación de las afirmaciones del libro.
¿Quién puede concebir que un demandante por difamación aceptaría retirar su demanda si quien supuestamente lo difamó ratifica los términos que le parecieron difamatorios? Desistir de una acción de esa naturaleza solo se hace sobre la base de la admisión de los emisores de las expresiones de que las mismas no reflejan lo que de ellas se deduce. Eso es lo que han hecho los autores, como lo prueban los siguientes elementos:
El autor reconoce que no lo escribió con intención difamatoria ni con mala fe. Alguien para quien sea un principio no escribir de esa forma, no firma algo así. Hacerlo es reconocer que en ciertas circunstancias puede difamar y escribir con mala fe. Dice que las fuentes del libro fueron publicaciones de medios de comunicación y testimonios. Es decir, pobre investigación que determinó que con posterioridad otros documentos aclararan imprecisiones del libro.
Lo peor, pretender convencer que al afirmar que toman conocimiento de documentaciones, no las avalan. Eso es falso. Esos documentos emanaron del antiguo Depreco y del Codia, dos instituciones a la sazón desprovistas de legitimidad por razones políticas para afirmar, como se hace en los textos que el Acuerdo asume, que no se ha producido transgresión de normas penales; que las obras se hicieron a precio razonable y que se descartan indicios de responsabilidad penal de funcionarios responsables de las mismas.
Manifestar que se toma conocimiento de tales documentos y alegar que se hizo de manera inocua constituye una burla a la racionalidad de los demás. Lo que se afirma en esos textos es justo lo que el Senador deseaba resaltar. Si su contenido no era capaz de persuadir a los autores de su veracidad, jamás debieron aceptar su inclusión.
